El cuarto informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el ingreso mínimo vital (IMV) vuelve a ser muy crítico con su configuración, su desarrollo y su implementación durante sus cinco años de vida. Aunque ha detectado avances en algunas áreas, siguen sin aplicarse "modificaciones estructurales relevantes en la prestación", por lo que continúa arrastrando muchas deficiencias desde su aprobación. Por ello, la Airef propone una "reformulación completa del incentivo al empleo del IMV para evitar que siga reduciendo la probabilidad de trabajar", además de plantear "que se profundice en los automatismos", para que, por ejemplo, el complemento de ayuda a la infancia (CAPI) llegue a los hogares potenciales desde el mismo momento del nacimiento de los menores.

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha cargado duramente contra la eficacia del incentivo al empleo de esta prestación, lo que "demuestra la incapacidad de mitigar los efectos desincentivadores identificados, no generando un impacto significativo ni sobre la intensidad laboral ni sobre las tasas de participación", un problema que Herrero atribuye al "diseño de la prestación, ya que utiliza información fiscal con desfase temporal que impide que los beneficiarios perciban de manera automática las ventajas del incentivo".

Además, critica que el sistema de aprobación de la prestación "carece de elementos que fomenten la rapidez incorporación laboral y no ofrece una duración garantizada que proporcione seguridad a los beneficiarios sobre la permanencia de la prestación".

La Autoridad fiscal sustenta sus críticas sobre los datos estadísticos, ya que ha disminuido la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales -lo que supone una caída del 12%- y también se han reducido el número de días trabajados en 0,6 días -un 11% menos respecto a la anterior evaluación-, lo que "evidencia la persistencia del impacto desincentivador y reduce la eficacia de este mecanismo", incide Herrero. Unos efectos negativos que son más pronunciados entre los menores de 30 años, los hogares monoparentales y los que tienen importes de la prestación superiores a la media, al desincentivar la participación laboral en cifras superiores al 20%.

Asimismo, los analistas del organismo fiscalizador destacan que el 90% de los beneficiarios permanece con la prestación activa más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses y cerca del 60% recibe la prestación más de tres años, lo que "plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de transición hacia el empleo". Al menos la Airef sí detecta que se ha mejorado la calidad de los contratos laborales entre los perceptores, con un aumento de los indefinidos, se ha reducido el tiempo de tramitación de la prestación en 45 días -aunque la tramitación media supera los 200 días- y se ha aumentado su número de beneficiarios un 14% -un 34% en el caso del CAPI-. Sin embargo, la Airef insiste en que se "mantienen la limitación de acceso y las dudas sobre los objetivos reales de la prestación".

Herrero va más allá e insiste en que el Gobierno continúa "sin solucionar los problemas" señalados por la Airef en sus informes, como las barreras administrativas, "que siguen impidiendo la automatización de los procesos". Tampoco ve claros los objetivos de la prestación. "No se han definido los objetivos políticos ni los objetivos cuantificables. No sabemos hacia dónde vamos y dónde se quiere llegar con esta prestación, si es acabar con la pobreza o es la reinserción laboral. No hay claridad de objetivos y necesitamos indicadores de gestión. No puede ser que el objetivo sea que el que tenga que recibirlo lo reciba. No nos vale".

En este contexto, la Airef ha presentado cinco propuestas, algunas ya formuladas "y que no han sido tenidas en cuenta hasta ahora", afeó Herrero al Gobierno. La primera, la reformulación del incentivo del empleo para "que sea visible, eficaz y transparente en su duración, y modulable según el momento de la incorporación laboral". Además, propone "implementar fórmulas de verificación automática de los requisitos esenciales para superar las barreras administrativas; la utilización sistemática de la información administrativa mensual o bimensual para la verificación de renta; la transformación de los objetivos generales del IMV en metas cuantificadas y medidas; el refuerzo de los programas de acompañamiento individualizado; y garantizar la continuidad de la estadística homogénea y comparable de rentas mínimas desarrollada por la Airef, que proporciona información mensual".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha respondido a estos reproches señalado que la evaluación del incentivo al empleo del IMV "es temprana, porque solo se dispone de datos del primer año de aplicación, 2023". El Ministerio considera que sería conveniente "esperar a contar con más datos", a que el mecanismo "esté más consolidado" y sea más conocido por los beneficiarios "para hacer una evaluación más confiable", y ha asegurado que la percepción del IMV permite a los beneficiarios mejorar sus condiciones de vida en otros ámbitos (como vivienda o educación) y les permite mejorar sus perspectivas de empleo futuro.