El apagón nuclear que planea Sánchez disparará el precio de la energía un 36%

El cierre de todas las centrales nucleares que todavía están en funcionamiento en España supondría un incremento del precio de la energía del 36% y conllevaría también la desaparición de unos 30.000 puestos de trabajo, según indica un informe de la Fundación Civismo que lleva fecha de 30 de abril. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene, por ahora, sus planes para erradicar la energía de origen nuclear en España en el horizonte del año 2032 y sustituirla por energías renovables. Ese fue el gran “leitmotiv” de Teresa Ribera en sus años al frente del ministerio de Transición Ecológica, hasta que lo dejó para ocupar la vicepresidencia de la Comisión Europea, cuando fue sustituida por Sara Aagesen, que ahora tiene que lidiar con las consecuencias del “Gran apagón” del 28 de abril. La crisis energética, porque fue eso, una crisis, sufrida en España pone en primera fila el debate, ya existente, sobre la conveniencia o no de prorrogar la vida de las centrales nucleares españolas, sobre todo desde que la realidad ha demostrado la falibilidad de las “renovables”. Hay muchas dudas de qué y cómo ocurrió. Lo que sí está claro es que el lunes 28, a las 12,25 horas, minutos antes del colapso, la generación de energía vertida en el sistema de distribución generado con grandes turbinas -es decir, de forma tradicional- apenas llegaba al 16%, cuando la mayoría de expertos indican que nunca debería bajar de una horquilla entre el 25 y el 30% para garantizar la seguridad y fiabilidad de todo el sistema. También en ese momento, las nucleares que funcionaban -había cuatro reactores parados- apenas producían menos de la mitad de su capacidad instalada.

La Fundación Civismo, un “think tank” -pensadero- liberal, que preside Julio Pomés y dirige Albert Guivernau, beligerante en pro de la energía nuclear, enumera en su último informe los riesgos para España de abandonar para siempre este tipo de energía. Parte del análisis de las consecuencias que tuvo en Alemania el cierre nuclear decidido por la canciller Angela Merkel y que ahora se considera uno de los grandes errores de su etapa de Gobierno. En España supondría un aumento del precio de la electricidad, que podría llegar al 36%, lo que supondría un coste adicional de unos 8.000 millones de euros para los ciudadanos. Por otra parte, el cierre de las centrales nucleares provocaría la pérdida de alrededor de 30.000 empleos -directos o indirectos-, muchos de ellos en zonas rurales en las que no sería posible sustituirlos con otros puestos de trabajo que requirieran una cualificación y especialización similares. Las Administraciones Públicas, tradicionalmente deficitarias, dejarían de percibir unos 1.000 millones de euros en concepto de los impuestos específicos que abona la energía nuclear, ya sea por los residuos nucleares, el combustible nuclear consumido o la tasa ecológica.

Los expertos de Civismo, en cuyo patronato también figura el histórico liberal Pedro Schwartz, así como empresarios como Juan Abello, Claudio Aguirre o Helena Revoredo, apuntan que el cierre nuclear aumentaría, de forma inevitable, la dependencia española de los combustibles fósiles, que son con los que de forma especial pretende erradicar también el Gobierno y los movimientos ecologistas. “El cierre de las centrales nucleares -dice el informe- reduciría nuestra soberanía energética, aumentaría la debilidad de los combustibles fósiles, debilitaría la fiabilidad del sistema eléctrico, que cada vez necesita más tecnologías capaces de generar electricidad, con independencia de las condiciones meteorológicas”. Por último, el cerrojazo nuclear, como ya ocurrió en Alemania -y está contrastado- aumentaría las emisiones de CO2 y alejaría a España del cumplimiento con los compromisos climáticos internacionales.

Pedro Sánchez, en sus primeras intervenciones para tratar de explicar -sin explicar- el “Gran apagón” ha arremetido contra las nucleares, a las que ha tildado de problema, no de solución. Unos días antes, sin “apagón” a la vista, algo que era “imposible” según Redeia, una encuesta de Sigma Dos decía que el 67,8% de los españoles rechaza cerrar las centrales nucleares si eso significa un encarecimiento de la luz. Incluso entre los votantes de izquierdas, el apoyo al cierre nuclear se desploma de forma drástica si afecta a su propio bolsillo, lo que indica que el coste de la energía resulta más importante que los ideales ecologistas en tiempos de incertidumbre económica. Todavía es muy pronto, pero en pocas semanas habrá más estudios de opinión que reflejarán el sentimiento de los ciudadanos tras el “apagón”, que se ha comprobado que era posible, y que podría decantarse todavía más a favor del mantenimiento de las nucleares si, además de una cuestión de precio, es un asunto de seguridad energética. La pelota queda en manos de Gobierno, que tiene un problema, nada sencillo, por otra parte.