Los asesores fiscales denuncian que el impuesto a banca y energéticas incumple la legislación tributaria

"Los gravámenes temporales a banca y energéticas vulneran la legalidad tributaria vigente e incumplen los principios constitucionales de generalidad, capacidad económica e igualdad". Con esta contundencia, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Miguel Angel Martínez Lago, se ha referido a estas dos nuevas figuras tributarias durante la presentación de su estudio "Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias", en el que considera que la fórmula elegida por el Gobierno para evitar que estos tributos no tenga la forma legal de impuestos sino de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias supone una "huida del derecho financiero. Evidentemente son impuestos enmascarados".

En este sentido, Martínez Lago incidió en que "todo el mundo sabe que se trata de impuestos", y que el Gobierno ha empleado el "ropaje formal" de aprobarlos a través de la figura de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y ha utilizado una ley de contenido "heterogéneo", resultado de una iniciativa "defectuosa", rápida tramitación parlamentaria e insuficiente homogeneidad de enmiendas entre otros defectos de técnica legislativa, al haberse tramitado como proposición de ley en vez de a través de un decreto ley. "Todo esto supone un paso más en la desvirtuación del papel de la ley en contextos de fragmentación parlamentaria y alta división política", ha apuntado.

Asimismo, el catedrático ha cargado duramente contra algunas de las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional en el ámbito tributario, tras haber avalado figuras como las prestaciones patrimoniales o con el impuesto sobre las grandes fortunas. "El Constitucional, que ha sido muy deferente, ha claudicado ante las opciones del Gobierno y el legislador", lo que ha provocado, según su criterio, una "huida del derecho financiero" tras haber rechazado los recursos presentados por varias comunidades autónomas contra ese impuesto. "Si queremos recuperar la idea sistema tributario presidido por el derecho y la seguridad jurídica, habría que poner un inmediato coto y freno a estas figuras", ha reiterado. "Habría que reivindicar el buen orden y la técnica jurídica para poner un freno a esta plaga si queremos recuperar la idea de un sistema tributario presidido por el derecho y la seguridad jurídica".

Por eso, Aedaf ha reclamado que, "de forma urgente" se debe poner "cierto orden en la legislación y limitar" el uso de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, que la asociación considera como una de las "peores especies invasoras del mundo". Martínez Lago ha abundado que "habría que reivindicar el buen orden y la técnica jurídica para poner un freno a esta plaga si queremos recuperar la idea de un sistema tributario presidido por el derecho y la seguridad jurídica".

Según recalca el estudio, los gravámenes extraordinarios y temporales para la banca y energéticas se imputan sobre el margen de intermediación y los ingresos de actividades no reguladas en España, respectivamente, y en su primer año en vigor han recaudado casi 2.100 millones de euros. Aunque en su concepción estaba previsto que tuvieran un alcance temporal de dos años, el acuerdo de investidura de PSOE y Sumar prevé su revisión con la intención de convertirlos en permanentes, aunque ministras como Nadia Calviño y María Jesús Montero ya han anunciado que se está estudiando reconsiderar algunos aspectos de estos tributos y, en el caso de las energéticas, podría incluso desaparecer. Martínez Lago cree que el Gobierno volverá a utilizar la vía de proyecto de ley de Presupuestos para su extensión, una "forma hábil y correcta para la regulación de prestaciones patrimoniales que no lo sería para legislar sobre impuestos. Sale mucho más barato", ha señalado.