Unión Europea
Bruselas expedienta a España por incumplir la directiva europea en materia de peajes en carretera
El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder a la carta de emplazamiento de la Comisión e incorporar plenamente la normativa comunitaria
La Comisión Europea (CE) ha abierto este mismo viernes un procedimiento de infracción contra España por no cumplir la directiva comunitaria en materia de peajes. Así, según establece el Ejecutivo comunitario, no ha incorporado plenamente a sus normativas la regla comunitaria que estipula el uso de peajes en las carreteras para financiar el mantenimiento y el desarrollo de la red viaria europea. Aunque España no ha sido el único país en recibir esta respuesta por parte de la Comisión a raíz de cometer dicha infracción, también han corrido la misma suerte otros quince Estados miembros.
Aunque, antes de llegar a este punto, Bruselas hizo llegar a España una carta de emplazamiento (respondiendo al primer paso en el procedimiento de infracción que sigue la Unión Europea), al igual que ocurrió con Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia. Desde la Comisión Europea argumentaron que dichos países no comunicaron la plena transposición a su legislación nacional de las nuevas normas revisadas en esta materia antes de la fecha límite establecida, la cual fue el pasado 25 de marzo.
Si ponemos el foco sobre la directiva en cuestión a la que hace referencia la Comisión, la cual fue adoptada originalmente en el año 1999, vemos que establece normas comunes sobre el pago de tasas basado en los peajes (tasa que se basa en la distancia) y viñetas (la cual se basa en el tiempo) por la circulación de vehículos en las carreteras. Así, lo que estipulan estas normas es que los costes de construcción, explotación y mantenimiento de las infraestructuras pueden recuperarse por medio de peajes y viñetas.
Si bien las normativas sufrieron una modificación hace dos años, en 2022, incluyendo a los turismos y los pequeños vehículos pesados en su texto y para ordenar la internacionalización de los costes externos ligados a la contaminación atmosférica. De esta forma, la directiva añadió un nuevo sistema que obliga a los Estados miembros a imponer pagos basados en las emisiones de CO2 de los vehículos pesados. Se trata de una medida enfocada en la descarbonización del transporte de mercancías por carretera, impulsado, a su vez, el despliegue de vehículos pesados con menores emisiones.
No es la primera vez que nuestro país es expedientado por un tema relacionado con la regulación de las carreteras. Y es que hace tan sólo un mes, también se le abrió un expediente por por no cumplir con la directiva de concesiones de autopistas. En concretó, extendió la duración de las concesiones de dos autopistas sin aplicar los procedimientos de licitación pública. De este modo, cometió una infracción de la normativa referente a la adjudicación de contratos de autopistas.
Esta vez, tras la notificación de la apertura de expediente, el Gobierno dispone ahora de dos meses para responder a la carta de emplazamiento del Ejecutivo comunitario y completar la transposición de la directiva revisada. En caso contrario, y de no cumplir con lo requerido, la Comisión Europea podría avanzar en el procedimiento de infracción comunitario puesto en marcha y dar el segundo paso emitiendo un dictamen motivado, lo cual podría llevar este proceso al Tribunal de Justicia de la UE.
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