El impuesto a la banca vuelve a enfrentar al Gobierno: Calviño quiere revisarlo, Montero corregir fallos y Díaz dejarlo igual y hacerlo indefinido

El impuesto extraordinario a la banca ha abierto una nueva guerra dentro del Gobierno, con posiciones incluso contrapuestas entre varias ministras. Todo se ha desatado cuando la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido hoy que la configuración de este tributo debe replantearse "teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado" y ya "no se está ante el mismo escenario de tipos de interés".

En declaraciones en Espejo Público de Antena 3, Calviño ha explicado que aunque el Gobierno "hizo muy bien en aprobar esos impuestos en ese momento, que además han cumplido con la recaudación prevista por Hacienda y servido de ejemplo para otros países europeos", también cree "que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés ni esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no".

La ministra se alinea así con el informe de la Comisión Europea presentado a principios de este mes analizó la intervención de emergencia aprobada en la UE para hacer frente a los altos precios de la energía, y que puso en duda que se mantengan esos impuestos por los motivos que los justificaron: por los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. El documento aseguraba que "la evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022. El descenso de los precios de la energía y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022".

En concreto, la Comisión exponía que "con el descenso gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023 (que se mantienen por encima de los niveles históricos), el entorno para generar beneficios inesperados se ha atemperado en comparación con las extraordinarias condiciones del año anterior 2022, ya que las empresas tienen que componerse con un entorno económico más incierto y unos costes de capital crecientes".

Por eso, Calviño ha reconocido que aunque fue una "buena decisión", ahora ha llegado la de "revisar y ver si hay que ajustar el impuesto. Siempre lo hemos dicho, que íbamos a hacer el análisis de esos dos impuestos para ver si hay que mantenerlos de cara al futuro y con qué parámetros, de cara a que sigan teniendo el mismo impacto positivo desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista económico".

Esta postura anunciada por Calviño choca con lo que hasta ahora se defendía desde Hacienda y, por supuesto, el socio del PSOE en el Gobierno, Sumar. Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que sí se estaba dispuesto a evaluar el impuesto extraordinario a la banca, pero sólo por si se algún fallo en su configuración legal, pero no se preveía "replantearlo como sí se va a hacer con el impuesto a las energéticas, al haber sufrido un descenso en sus beneficios extraordinarios". Las mismas fuentes aclararon que "no es el mismo caso de la banca", ya que en el sector bancario "no son necesarias inversiones" y, por tanto, "no debería someterse a ningún un rediseño", aunque al menos admitieron que sí se evaluará por si se detecta "algún aspecto que no ha funcionado bien".

Sin embargo, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, descarta cualquier cambio en la configuración de este impuesto, además volver a reclamar que se convierta en un tributo de carácter indefinido, y recordó que así está recogido en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, que debe ser "cumplido" y "no nos vamos a mover de ahí". Díaz ha respondido directamente a Calviño que "pacta sunt servanda (lo pactado, obliga). Acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, en estos momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar".

En este sentido, ha asegurado que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son "absolutamente contundentes. Por tanto, el impuesto es más necesario que nunca". La ministra ha reiterado que van a seguir defendiendo el mantenimiento del impuesto a las entidades financieras y, "por supuesto", a las entidades energéticas.

El sector energético ha venido advirtiendo de los potenciales efectos para la actividad industrial que puede tener la prolongación del impuesto extraordinario –que firmaron PSOE y Sumar en su pacto de legislatura–, y por eso avisaron de que ponían en suspenso sus inversiones multimillonarias previstas. Recientemente, Repsol ha avisado de que las inversiones en hidrógeno que prevé en España se las llevará fuera si hay un impuesto a la producción que en otros países como Francia o Portugal no existe. Hacienda tiene previsto recaudar casi 3.000 millones de euros con la vigencia durante dos años del impuesto extraordinario a la banca.