Funcionarios

CSIF demanda a Hacienda por retrasar la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado

El sindicato denuncia que en abril de 2021 se firmó un acuerdo sobre el desarrollo del trabajo a distancia y desde entonces está pendiente su aprobación. El sistema actualmente vigente es "temporal y arbitrario", critica

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria en el Congreso
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria en el CongresoA. Pérez MecaEuropa Press

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones pública, ha presentado hoy una demanda por la vía de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por el retraso injustificado del desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). CSIF firmó un acuerdo sobre el desarrollo del teletrabajo en abril de 2021 y desde entonces está pendiente la aprobación del Real Decreto que debe establecer su regulación.

El sistema actualmente vigente, indica en un comunicado el sindicato, es una modalidad de trabajo a distancia ligada al Plan de Ahorro energético de la AGE “pero este sistema es temporal y arbitrario”, denuncia CSIF. En concreto, este plan de ahorro y eficiencia energética contempla la opción de que los funcionarios de la AGE puedan trabajar a distancia tres días a la semana y acudir presencialmente dos días, con carácter general. No obstante CSIF explica que “su aplicación depende de cada departamento, no todos los ministerios permiten los mismos días, hay puestos excluidos (por ejemplo, la Seguridad Social) no se evalúan los puestos y no se proporcionan los medios necesarios”.

Además, CSIF ha advertido a través de un comunicado de que recientemente Hacienda ha firmado un acuerdo con CCOO y UGT, que vuelve a retrasar su aplicación y recorta el acceso a dicha modalidad de trabajo en algunos grupos profesionales.

Por todo ello y tras una reclamación administrativa previa que le daba tres meses a la Administración para publicar el Real Decreto, CSIF ha decidido elevar la cuestión a los tribunales por la vía de lo contencioso administrativo “para evitar que la Administración siga retrasando injustificadamente la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado y que se aplique en los términos garantistas que se recogen en el acuerdo de abril de 2021”, argumenta el sindicato.