La guerra sindical contra Montero y su Ley de Función Pública se desata con la amenaza de huelga general de los funcionarios

La guerra que se barrunta entre las organizaciones sindicales y la ministra de Función Pública, María Jesús Montero, puede declararse en cualquier momento. Las primeras escaramuzas se librarán a partir de ahora con movilizaciones de protesta ante las sede ministeriales, pero todo puede desembocar en una batalla frontal con una huelga general en la Administración General del Estado (AGE) como punto culminante. CC OO y UGT han presentado ya 250 modificaciones al anteproyecto de Ley de Función Pública, y CSIF ha enmendado buena parte del texto porque “recorta derechos, carece de dotación presupuestaria y no concreta el desarrollo normativo”. Las tres formaciones han afirmado que, de no ser atendidas sus reivindicaciones, la situación desembocaría en un conflicto laboral generalizado.

Hoy mismo, la secretaria general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, anunció una veintena de movilizaciones por toda España por el “recorte de derechos” que supone la nueva ley que prepara el Gobierno y cargó contra un texto que “se limita a repetir textos legales de los años 60 y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)”. Por ello, exigió un “esfuerzo mayor por parte de este Gobierno” que refleje su “compromiso” con los empleados públicos y la prestación de unos servicios de calidad.

Las movilizaciones comenzarán mañana en Madrid, frente a la Secretaría de Estado de Función Pública, a las 12.00 horas. Posteriormente, las protestas se llevarán a cabo en territorios como Galicia (3 de febrero), Albacete (6 de febrero), Sevilla (7 de febrero) y Canarias (8 de febrero). “En total, 20 con inicio y final en Madrid”, indicó Elisa Fernández, antes de asegurar que, si estas protestas no logran que el Gobierno rectifique, la convocatoria de una huelga en la AGE “sería una realidad”.

Dos de los principales puntos de conflicto ante Montero y sindicatos son los que corresponden a la introducción del mecanismo de evaluación del rendimiento de los funcionarios, que en caso de obtener resultados negativos puede provocar sanciones para el funcionario o incluso la pérdida de su puesto, aunque no su categoría de funcionario. El segundo punto de conflicto sería el sistema de promoción interna, que introduce un modelo mixto en el que se rebajan las exigencias en los exámenes y evaluarán sobre todo las competencias profesionales, algo que cuenta con el rechazo frontal de los cuerpos superiores A1 por la pérdida de calidad y cualificación de los candidatos.

El secretario de Comunicación de esta sección sindical de CC OO, Javier Martínez, recordó que llevan desde 2007 “esperando” a que se avance en derechos en la AGE con el desarrollo de esta ley y reclamó la eliminación de la “limitación de cualquier derecho” en el texto legal, no solo por las consecuencias en los propios empleados, sino en la ciudadanía. Asimismo, insistió en la reivindicación de que los sindicatos estén presentes en la comisión que va a ser la encargada de evaluar a los empleados públicos.

Otras reivindicaciones sindicales están relacionadas con la recuperación de la la jornada de 35 horas semanales y que se derogue la supresión de la jubilación parcial para los funcionarios.

Esta última es una reclamación es en la que ha puesto especial énfasis CSIF, que ha reclamado al Gobierno el restablecimiento del derecho a la jubilación parcial voluntaria al personal funcionario y estatutario (de la sanidad pública) para corregir así “la discriminación respecto a las personas que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores”. Según el sindicato, el acuerdo entre Función Pública, CC OO y UGT “impide aplicar este derecho y mantiene la discriminación respecto al resto de trabajadores”.

Por ello, CSIF exige a la ministra Montero que convoque la mesa de negociación del conjunto de las administraciones públicas para reestablecer “de manera efectiva” esta modalidad de jubilación.

Este derecho fue suprimido mediante el Real Decreto Ley 20/2012. El sindicato subrayó que a finales del año pasado, Función Pública, CC OO y UGT firmaron un acuerdo en el que “supuestamente se comprometían a reestablecer este derecho”. Sin embargo, CSIF apuntó que “en contra de la propaganda de estas organizaciones”, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) “sigue sin reconocer este derecho y por tanto, la jubilación parcial anticipada continúa derogada”. S intención es se modifique el texto normativo y se “equipare así el derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores para el resto de contratos laborales”.

La homologación de las cuantías que se perciben por trienios; definir las mejoras retributivas por la carrera profesional; cambios en el sistema retributivo y obsoleto; equiparar las dietas y que no varíen entre grupos profesionales, y la recuperación de la cuantía integra de las pagas extraordinarias son otras reivindicaciones sindicales que están a la espera de respuesta.