La demanda del fundador de Beka Values de cinco millones por su cese se resolverá en septiembre

Resolución a la vista. La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje CIMA resolverá previsiblemente en septiembre el laudo no recurrible sobre el conflicto y las consecuencias económicas derivadas de la destitución del fundador y ex consejero delegado de la Agencia de Valores Beka Values, José Luis Blázquez, que desembocó en la revocación de la autorización administrativa para operar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 23 de diciembre de 2022.

Blázquez, que reclama más de cinco millones de euros como compensación por las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento del acuerdo de accionistas que firmó con Beka Finance para el arranque y puesta en funcionamiento del proyecto, ha denunciado que se produjeron "circunstancias anómalas" en su cese, al no acudir previamente a la vía arbitral prevista para los casos de conflicto y al haberse tomado la decisión de sus salida en una Junta General Extraordinaria en la que no se tuvo en cuenta al accionista minoritario. También ha impugnado la convocatoria, el desarrollo y los acuerdos alcanzados en esa junta ante el juzgado mercantil, mientras Beka Finance y otros consejeros u accionistas no han interpuesto, por el momento, demanda alguna.

Además, el ex CEO ha apuntado que Beka Finance no aportó los 2,1 millones de euros a los que se había comprometido para el lanzamiento de Beka Values, y que parte de esta cantidad se obtuvo mediante un préstamo participativo de 900.000 euros que, en contra de lo notificado a la CNMV en el expediente de autorización, no se capitalizó. Este conflicto provocó la revocación de la autorización administrativa para operar por parte del supervisor el pasado 23 de diciembre de 2022. Así, el fundador de Beka Values ha solicitado otras compensaciones económicas adicionales derivadas de la pérdida de valor de su participación, que se ha producido por la paralización de la actividad de la compañía desde su cese hasta la revocación de la autorización para operar de la agencia. Asimismo, ha reclamado las cantidades económicas que debería haber percibido, según lo establecido en el acuerdo de accionistas, desde su destitución hasta la formalización del laudo arbitral.

El proceso de arbitraje, expresamente incluido en el Acuerdo de Accionistas para la resolución de los casos de conflicto entre los socios, se inició en enero de 2022 y las partes implicadas ya han efectuado las alegaciones correspondientes, por lo que el proceso del arbitraje debería concluir en un plazo de seis meses -es decir, en septiembre- con el preceptivo laudo de obligado cumplimiento. En las próximas semanas se realizarán las pruebas testificales y periciales, seguidas de la formulación de las conclusiones respectivas sobre las que se dictará el laudo.