Díaz Ferrán vació Marsans para burlar a sus acreedores

La Policía detuvo ayer al ex presidente de la CEOE y ex propietario del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, a quien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga por blanqueo de capitales, insolvencia punible y alzamiento de bienes por ocultar supuestamente alrededor de 45 millones de euros a sus acreedores mayoristas con el fin de evitar el embargo de sus bienes. En la «operación Crucero» han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el consejero delegado de Nueva Rumasa Iván Losada, y Ángel de Cabo, precisamente el dueño de Posibilitum Business, la sociedad a la que Díaz Ferrán y su entonces socio, Gonzalo Pascual (fallecido el pasado junio), vendieron Viajes Marsans en 2010. Cabo, empresario especializado en gestionar sociedades en quiebra, también adquirió Nueva Rumasa a la familia Ruiz Mateos.

La investigación judicial trata ahora de esclarecer si la declaración de quiebra con una deuda de 183 millones de euros y la venta de la compañía a Posibilitum Business se trató de una operación fraudulenta que se realizó con el único objetivo de vaciar patrimonialmente el grupo empresarial, como defienden las sociedades que impulsaron la querella, AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el grupo Orizona.

Fuentes jurídicas aseguraron a este periódico que el riesgo de destrucción de pruebas y la posibilidad de que se continúe con el vaciado patrimonial del grupo Marsans podría llevar incluso a alguna de las acusaciones a solicitar al juez Velasco el ingreso en prisión de Díaz Ferrán. Según esas mismas fuentes, el empresario no comparecerá hasta mañana ante el magistrado.

4.700 clientes perjudicados

Pero no es ésta la unica causa que tiene abierta el ex presidente de la CEOE en la Audiencia Nacional. Otro magistrado, Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 1, investiga a Díaz Ferrán por haberse quedado supuestamente con 4,4 millones de euros procedentes de clientes de Marsans. Pedraz imputó el pasado febrero al empresario y a su entonces socio Gonzalo Pascual por un delito continuado de apropiación indebida. Entre los imputados también figura Iván Losada, último director general de la empresa turística.

Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional -impulsora de la querella- los responsables de la agencia de viajes «se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes», dejando en la estacada a más de 4.700 personas que habían contratado sus viajes y habían abonado a la agencia (a a sus filiales Rural Tours, Tiempo Libre y Viajes Crisol) sus correspondientes reservas.

Díaz Ferrán negó los hechos ante el juez Pedraz, que lo dejó en libertad sin medidas cautelares. La instrucción está ahora mismo pendiente de que se resuelva el concurso de acreedores del Grupo Marsans para «determinar el perjuicio causado» a los acreedores, aseguraron fuentes de la investigación. En el marco de esta causa no se ha librado hasta el momento ninguna comisión rogatoria.

Además, Díaz Ferrán se sentará en el banquillo en febrero del próximo año junto al ex presidente de Air Comet (la compañía aérea del gupo Marsans), Antonio Mata, por presuntas irregularidades fiscales en la compra de Aerolíneas Argentinas en 2002. Ambos se enfrentan a penas de dos años y cuatro meses de prisión y al pago de una indemnización conjunta de 99 millones de euros -como solicita la Fiscalía de la Audiencia Nacional- por un delito contra la Hacienda Pública.

Tras hacerse cargo de la denuncia de los grupos hoteleros, el juez Velasco planteó un conflicto de competencia al entender que debía ser su compañero Santiago Pedraz -que investigaba ya la supuesta apropiación indebida de las cantidades abonadas por los clientes de Marsans- quien se hiciese cargo de la instrucción. Pero el pasado julio la Sala de lo Penal finalmente le obligó a seguir adelante con la investigación dado que, tal y como defendía la Fiscalía, acumular las dos denuncias podría perjudicar el esclarecimiento de los hechos, por lo que éstos debían ser instruidos «por cada uno de los juzgados que conocen de los mismos en este momento».

El pasado 5 de junio, Velasco ordenó el bloqueo del yate de Díaz Ferrán, atracado en el puerto de Barcelona, tras ser alertado por la Fiscalía de que la Aduana Marítima de la Ciudad Condal había recibido una solicitud de exportación de la embarcación. Con esta operación, el empresario trataría, según el Ministerio Público, de «colocar a buen recaudo y fuera del territorio de la UE» el barco, valorado en cinco millones.