Diez sindicalistas gastaron 1,1 millones de Caja Madrid

Entre 2003 y 2012 hasta 86 directivos y consejeros de Caja Madrid cargaron en tarjetas de crédito de la entidad más de 15 millones de euros en gastos privados. Diez de ellos eran representantes nombrados a propuesta de los sindicatos.

Entre 2003 y 2012 hasta 86 directivos y consejeros de Caja Madrid cargaron en tarjetas de crédito de la entidad más de 15 millones de euros en gastos privados. Diez de ellos eran representantes nombrados a propuesta de los sindicatos. Seis pertenecían a Comisiones Obreras (CC OO) y gastaron 796.400 euros. Los cuatro de la Unión General de Trabajadores (UGT) gastaron 365.500 euros. En total, 1.161.900 euros dilapidados en restaurantes, viajes, hoteles y compras con cargo a una entidad cuyo rescate en 2012 tuvo un coste para las arcas públicas de 22.424 millones de euros.

Por parte de CC OO están implicados Francisco Baquero (266.400 euros gastados), Antonio Rey de Viñas (191.500), Rodolfo Benito (140.600), Juan José Azcona (99.300), Pedro Bedia (78.200) y Gabriel Moreno (int.11 int 20.400). Los representantes de UGT que hicieron uso de esas tarjetas «fantasma» –con fondos no declarados a Hacienda– figuran Gonzalo Martín Pascual (129.700), Miguel Angel Abejón (109.300), Rafael Eduardo Torres (82.300) y José Ricardo Martínez (44.200).

Destaca la presencia en la lista de Rodolfo Benito –ex secretario general de CC OO en Madrid– y de José Ricardo Martínez, actual máximo responsable de UGT en la Comunidad de Madrid. De hecho, este último reconoció en declaraciones a la Cadena Ser, que su dimisión «es una posibilidad muy razonable». Aunque aseveró que «personalmente no estaba de acuerdo con el uso de la tarjeta», Martínez gastó con la misma 13.100 euros en 2010, 31.000 euros en 2011 y otros cien euros en 2012. Por su parte, Benito gastó una media de 17.600 euros anuales entre 2003 y 2010 con la tarjeta de la caja.

Tanto desde UGT como desde CC OO aseguraron que investigarán el supuesto uso fraudulento de dichas tarjetas. Además, el secretario de acción sindical de CC OO, Toni Ferrer, explicó que la cúpula del sindicato desconocía «completamente» la existencia de «tarjetas B» para los consejeros y directivos de Caja Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu –instructor del «caso Bankia»– ha remitido a dos peritos del Banco de España toda la documentación relativa a las tarjetas de crédito de la discordia para que analicen si las 86 personas que las emplearon –28 consejeros del PP, 15 del PSOE y cuatro de Izquierda Unida, entre otros– pudieron cometer algún delito. En una providencia, el magistrado incorpora el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que aprecia indicios de delito societario y apropiación indebida en los hechos, así como toda la documentación recibida por parte de la propia entidad y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a la pieza separada que desgajó del «caso Bankia». Según fuentes jurídicas, Andreu quiere que los peritos precisen si las 86 personas que disfrutaron de las tarjetas «fantasma» durante un decenio pudieron cometer los citados delitos y si el propio Banco de España tenía conocimiento de la existencia de estas tarjetas de crédito.

El FROB, creado para tutelar el rescate de las cajas de ahorros, puso en conocimiento de Anticorrupción la información sobre el uso irregular de las tarjetas a partir de dos informes de auditoría interna de Bankia. Su director general, Antonio Carrascosa, afirmó ayer que cree que tanto el FROB como BFA y Bankia están legitimados para reclamar los 15,25 millones que los altos cargos de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas de empresa «opacas», ya que «el grupo resultante recibió una abultada ayuda pública que podría haber sido menor de no haber existido estos cargos».

Indicios de delito

Según la propuesta de actuación que envió el pasado junio a Anticorrupción, el FROB no comparte la tesis del despacho Herbert Smith Freehls, que asesoró en la elaboración del informe y consideró que Bankia sólo estaba legitimada para reclamar los 245.200 euros que fueron cargados directamente a este grupo por vía extrajudicial. De esa forma, el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri no podría pedir los 15,25 millones restantes de la etapa de Caja Madrid, cantidad que correspondería reclamar a la Fundación. Para el FROB existen indicios de delito en el uso de las tarjetas, pues nada justifica que los ex directivos de Caja Madrid cargaran más de 15 millones para gastos personales y, en todo caso, deberían haberlos declarado a Hacienda, informa Efe. En todo caso, sostiene el FROB, si los tenedores consideraron que era una tarjeta de empresa, ello «no legitima un uso particular de la misma», y si creyeron que se trataba de un concepto derivado de su relación laboral, «debieron declarar y tributar por tal concepto, sin que conste que lo hayan hecho».

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtió ayer de que Caja Madrid podría haber incurrido en delito fiscal si finalmente se demuestra que el supuesto uso de «tarjetas de crédito B» formaba parte de remuneraciones no declaradas al Fisco. Gestha explicó que si se trataba de remuneraciones no declaradas, Caja Madrid tendría que haber ingresado las retenciones correspondientes en la Agencia Tributaria, por lo que las cuantías superarían el umbral de los 120.000 euros a partir del cual ya existe delito fiscal. Gestha cree además que, dado que el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa es inspector de Hacienda y conoce la normativa tributaria, pudo aprovecharse de las lagunas en el funcionamiento y la capacidad de la Agencia Tributaria.

Mientras se resuelve si hubo delito en la actuación de los consejeros y directivos, los partidos políticos –PP, PSOE, IU y UPyD– han exigido a los implicados que devuelvan el dinero.