El Congreso pide a Almunia que indulte a los astilleros

Aunque fuera desde el Senado, por la obras que se llevan acabo en la Cámara Baja, el Pleno del Congreso mostró ayer su apoyo a la proposición no de Ley registrada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios el pasado 2 de julio en apoyo al sector naval.

La unanimidad de la Cámara se produjo la víspera de la decisión definitiva de la Comisión Europea sobre la legalidad de las ayudas públicas concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales. La propuesta de decisión, presentada por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, establece que dichas subvenciones millonarias sean devueltas por los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no por los armadores ni los propios astilleros.

Tras una amplia campaña del Gobierno respaldada por el sector naval, en la que ha intervenido incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la decisión final aún debe ser tomada por el colegio de comisarios, pero todo apunta a que Bruselas impondrá la devolución de las ayudas entre 2007 y 2011.

La muerte del sector

La sentencia de Bruselas afecta especialmente a Galicia, País Vasco y Asturias. El texto aprobado en el Congreso alerta de que abocaría directamente a la «ruina» al sector naval español, que exporta el 90% de todo lo que produce, y acabaría repercutiendo en los intereses de la Unión Europea con una deslocalización de la industria naval hacia los astilleros de los países asiáticos. Advierten de que alrededor de 87.000 empleos y 19 astilleros privados, armadores nacionales e internacionales y una «voluminosa» industria auxiliar corre el riesgo de desaparecer.

El problema del «tax lease» deriva del complicado entramado que participa en la construcción naval, por el cual junto al astillero que vende y el naviero que compra un buque, intervienen bancos y otros intermediarios financieros e inversores, que operan a través de una Agrupación de Interés Económico (AIE).

La inversión desgravaba porque supone un impulso a la economía del país, que recauda menos al principio pero con saldo positivo al final por los tributos que genera esta industria (IRPF, IVA, IBI), además de cotizaciones a la Seguridad Social, pues es un sector muy intensivo en empleo, tanto directo como indirecto. En concreto, el sistema ofrecía unos ahorros del 25% al 30% para el armador en el precio del barco. De este modo, los socios de la AIE obtenían dicho ahorro fiscal y el astillero carga de trabajo para varios años.

El Gobierno español ha defendido en Bruselas que no deberían devolverse las ayudas porque el Ejecutivo comunitario nunca se pronunció en su contra desde 2002, cuando entró en vigor, si bien todo lo contrario en 2009 lo avaló.

Representantes de las regiones más perjudicadas por la polémica reclamación de Bruselas recalcaron ayer su posición contraria a la devolución de las ayudas y de cómo Francia resolvió un problema similar sin tanto perjuicio para un sector ya amenazado. La Xunta de Galicia mantendrá su petición de que la devolución de las ayudas se contabilice a partir de las recibidas desde 2011 frente a la tercera propuesta de la Comisión Europea de ser desde 2007, y espera «una resolución justa e igualdad de trato que al resto de Europa», según manifestó ayer el consejero gallego de Industria Francisco Conde, informa Ep.

Por parte del Ejecutivo vasco, su portavoz Josu Erkoreka expresó su deseo de que la resolución sea «lo menos lesiva posible», ya que el sector en la comunidad es «viable, competitivo y merece la pena mantenerlo». Asumiendo las malas noticias que llegarán previsiblemente de Bruselas, el presidente de Asturias, Javier Fernández, considera al menos que la devolución de las ayudas desde 2007, en lugar que desde 2005 es «mejor que nada».