El Gobierno aprueba una oferta de 1.735 plazas de empleo público para afrontar el Brexit

Las áreas más relevantes que se reforzarán son el control fronterizo de personas, el control aduanero y los servicios de inspección sanitaria exterior

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo con medidas en materia de empleo público con la finalidad de reforzar los servicios afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que conlleva el refuerzo de 1.735 personas a través de la aprobación de un real decreto por el que se adelanta una parte de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2019.

De este refuerzo de personal de 1.735 efectivos, 875 corresponden a empleados públicos o puestos de trabajo de la Administración General del Estado, y 860 efectivos para servicios que prestan empresas públicas, principalmente AENA y Puertos del Estado, informa Ep.

Los 875 nuevos efectivos para la Administración General del Estado se dividen entre los departamentos de Hacienda (462 efectivos); Política Territorial y Función Pública (135); Interior (59); Agricultura y Pesca (30), Sanidad, Consumo y Bienestar Social (18); Industria, Comercio y Turismo (51) y Educación, Cultura y Deporte (18).

El resto de plazas van para los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación (26 plazas), Fomento (62), Justicia (3), Economía () y Transición Ecológica (6).

El Ejecutivo señala que la Administración dispone actualmente de los medios necesarios para afrontar el marco de relaciones que se produciría con el Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea, pero reconoce que se debe reforzar la disponibilidad de empleados públicos en determinados sectores.

Además, es necesario contar con la mayoría de dichos efectivos antes del 29 de marzo, fecha en la que está prevista la salida del Reino Unido, con o sin acuerdo, para actuar con suficiente antelación.

Así, señala que las áreas más relevantes que necesitan refuerzo de personal son el control fronterizo de personas, el control aduanero y los servicios de inspección sanitaria exterior, tanto para la importación como para la exportación de mercancías.

Otros sectores afectados son el control de la seguridad en el transporte de viajeros, las oficinas de extranjería y la atención a los ciudadanos británicos, así como las actividades de promoción de la internacionalización de las empresas españolas o la actividad de la representación de España en el Reino Unido.