El Gobierno perfila un alza del 1% en el sueldo de los funcionarios

La urgencia electoral y la convicción de que se debe recompensar, de acuerdo al objetivo de déficit del 4,2%, el sacrificio de los trabajadores públicos, ha llevado al Gobierno a valorar una subida próxima al 1% para los funcionarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado, según ha podido saber LA RAZÓN.

Es un axioma tan palmario que no necesita de estadísticas. Nadie puede ganar unas elecciones generales en España sin el apoyo de los funcionarios y de los pensionistas. El Gobierno es consciente de que ha perdido un gran vivero de votos en ambos colectivos y está dispuesto a recuperar parte del apoyo perdido, especialmente entre los empleados públicos, donde el malestar por los recortes acometidos durante la legislatura es más sensible. De los más de 2,5 millones de funcionarios que hay en España, medio millón (el 21%) depende directamente de la Administración Pública Estatal. Otro 50,5% depende de las comunidades autónomas y cerca de 22,7% de las administraciones locales. El 5,8% restante está vinculado a las Universidades públicas.

A estos sectores les afectó la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, que generó un galimatías judicial con recursos y fallos avalando y desautorizando la actuación del Ejecutivo. Finalmente, en mayo pasado, el Tribunal Constitucional dio la razón al Gobierno, cuando éste ya había comenzado a valorar la posibilidad de devolverla íntegramente.

Aquella supresión, ligada al aumento de la jornada laboral a 37,5 horas, a la eliminación de tres de los seis «moscosos» –días de libre disposición al margen de las vacaciones– de los que disfrutaban los funcionarios para paliar subidas salariales no realizadas en el pasado, así como de los «canosos», días acumulados en función de la antigüedad del empleado público, generaron un fuerte malestar en el sector independientemente de la adscricción política.

Los funcionarios consideraron que, pese a que en condiciones de igualdad de funciones y jornada cobraban menos que en el sector privado, se les estaba estigmatizando con unos recortes excesivos. El Gobierno argumentó entonces que no cabía otra posibilidad si se pretendía evitar un humillante rescate con unas condiciones draconianas para España que hubieran supuesto a la larga tijeretazos aún más severos.

Hoy, con la recuperación asentada, con un menor coste financiero de la deuda y con la recaudación tributaria en franca progresión, hasta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reiterado en varias ocasiones a lo largo del último mes que «ha llegado el momento de devolver a los funcionarios el esfuerzo realizado» y aún más. El propio Montoro alentaba una subida salarial para los empleados públicos. Una subida sin especificar y sin fecha. Atrás quedaban las polémicas en las que se vio envuelto a mediados de 2012 el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cuando tuvo que pedir disculpas a este colectivo por afirmar que se les había acabado «el cafelito y leer el periódico».

La urgencia electoral y la convicción de que se debe recompensar, de acuerdo al objetivo de déficit del 4,2%, el sacrificio de los trabajadores públicos, ha llevado al Gobierno a valorar una subida próxima al 1% para los funcionarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes gubernamentales y sindicales. La decisión final la tomará La Moncloa.

Subida salarial

La primera congelación salarial de la democracia la realizó en 1994 el PSOE. En 1997, con el PP en el poder, los funcionarios volvieron a ver congelados sus sueldos, aunque, con la bonanza, sus nóminas crecieron un 5,1% entre 2000 y 2008. Sin embargo, en mayo de 2010, ya en plena crisis y tras la congelación de 2009, Zapatero anunciaba una rebaja salarial media del 5% para los empleados públicos. Con la llegada del PP han visto congelados sus sueldos hasta la subida que contempla Rajoy en los PGE de 2016.

Devolución del 75% de la paga extra suprimida en 2012

Entre las medidas que están sobre la mesa figura la devolución del 75% de la extra suprimida en la Navidad de 2012. La decisión costaría unos 700 millones de euros al Estado. El Ejecutivo ya reintegró a principios de este año el 25% con un coste de 230 millones de euros. Esta decisión propició que la mayoría de las regiones también comenzara a devolver esta parte de la extra de 2012. El Gobierno aún no ha decidido si reintegrará esos 700 millones en una única devolución, a lo largo de 2016, en las dos extra o si dejará algo para 2017.

Moscosos y «canosos»

El Gobierno devolverá el día de libre disposición que aún quedaba por reponer a los funcionarios y valora una fórmula racional para hacer lo propio con los «canosos». El fin de los «canosos» supuso para los funcionarios más veteranos con 15 trienios en ejercicio la pérdida de hasta 15 días extra acumulados a partir del sexto trienio.

Reposición de empleos

La cobertura de vacantes en la Administración pública quedó cerca del 0% en el sector salvo para Sanidad y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En 2015, se amplió al 50% la tasa de reposición para estos dos sectores y el Gobierno estudia cubrir al 100% las vacantes en lucha contra el fraude y Seguridad. Las plazas en Sanidad y Educación también alcanzarían una tasa de cobertura mayor.