El Gobierno prepara un gran frente de acción en defensa de los astilleros

MADRID- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo convocará la próxima semana a una reunión a las tres comunidades afectadas por la crisis de los astilleros –Galicia, Asturias y País Vasco–, a los sindicatos y a los representantes de la patronal para consensuar un gran frente de acción en defensa de los intereses de este sector y de sus trabajadores ante la posición europea.

El Consejo de Ministros analizó ayer el posible recurso a la decisión de Bruselas, pero no comunicó su postura definitiva a la espera de dar forma a esta unidad de acción en la que quieren definir la estrategia para defender a un «sector que tiene futuro», según precisó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. «Por nosotros no va a quedar a la hora de adoptar todas las medidas que haga falta para defender a un sector competitivo y que puede generar un gran valor añadido», añadió.

Los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Hacienda e Industria están trabajando en el análisis de las consecuencias de la decisión de la Comisión Europea y en las posibles respuestas que cabe dar al dictamen de Bruselas del pasado 17 de julio, por el que se estableció que los beneficiarios del régimen fiscal para el sector naval deben reembolsar todas las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011. En un principio las autoridades comunitarias plantearon que la decisión tuviera carácter retroactivo desde 2005. Antes de dar un paso, el Gobierno dice que quiere que haya una base de trabajo conjunto y que la decisión haya sido coordinada con todos los afectados. «Queremos seguir trabajando por la vía del consenso», insistió la vicepresidenta.

Consecuencias jurídicas

El Consejo de Ministros ya analizó ayer un primer informe de Industria y Hacienda en el que se detallan las consecuencias jurídicas, económicas y procesales del nuevo marco que ha creado la Comisión Europea, pero oficialmente el Gobierno se niega a confirmar la presentación del recurso, que ya está en marcha, hasta que no se celebre la citada reunión. «Las decisiones están muy estudiadas y muy elaboradas, pero creemos que en este punto hemos de ir todos juntos, como hasta ahora», indicó. De momento, el Ejecutivo ratifica, eso sí, su intención de defender la legalidad de sus actuaciones y de defender la posición de quienes son los beneficiarios del régimen fiscal conocido como «tax lease». «Estamos hablando de un sector clave para la economía española y que afecta a 85.000 puestos de trabajo», explicó la vicepresidenta.

Los sindicatos, por el contrario, tienen reservas sobre la vía judicial. El representante de CC OO del sector naval, Ramón Sarmiento, señaló ayer que el recurso «no es el método más oportuno» para dar seguridad jurídica a los armadores e inversores y que vuelvan a contratar nuevos buques.

Desde UGT, Diego Atanes pidió a Bruselas que establezcan una «herramienta financiera homologada» para el sector que asegure la igualdad entre los distintos Estados miembros dada la guerra comercial que existe entre los países, informa Efe. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, apuntó que la decisión de la Comisión causa inseguridad jurídica respecto a los astilleros europeos y sólo beneficia a los constructores de buques chinos y coreanos. La patronal del sector, Pymar, confió en que el Gobierno se esforzará para minimizar el daño causado y calculó que la resolución de Bruselas afecta a unos 200 buques. No obstante, su presidente, Álvaro Platero, señaló que los inversores ya han sufrido un perjuicio «mediático» mucho mayor que el «pequeño beneficio» que obtuvieron con las bonificaciones.