El Ministerio y las comunidades perfilan los detalles para aplicar la nueva PAC

Los representantes del Ministerio de Agricultura y de las Comunidades Autónomas están manteniendo durante estas semanas encuentros bilaterales para conocer las peticiones específicas de estas últimas de cara a la aplicación de la nueva PAC en España. Hasta el momento la mayor parte de las demandas se refieren a la regionalización de las ayudas y al acoplamiento de las mismas.

Los altos cargos del Ministerio, comenzando por el propio Arias Cañete, han dejado claro en bastantes ocasiones que a la hora de fijar los sectores con derecho a recibir ese apoyo acoplado (vinculado a la producción) tendrá prioridad la ganadería. A lo largo de estos encuentros, las delegaciones de las consejerías de Agricultura han planteado también su «lista de la compra», con la relación de los problemas de sus agricultores y ganaderos que necesitan resolver en este proceso negociador.

De momento, y según el calendario que maneja el equipo de Arias Cañete, el acuerdo definitivo podría alcanzarse durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que tendrá lugar el próximo mes de enero. Si finalmente se consigue este objetivo, a partir de febrero comenzará la redacción de los diferentes decretos, que deberían estar aprobados y publicados en el BOE antes del paréntesis de las vacaciones de verano.

Por otro lado, el próximo año se ha retrasado más de un mes el comienzo del plazo para solicitar las ayudas directas de la PAC. En 2014 se aplicará todavía el esquema actual de apoyo, ya que el nuevo régimen no entrará en vigor hasta 2015. El pago único por explotación se sustituirá por un pago de base y una serie de ayudas complementarias, lo que implicará una nueva distribución de los importes entre los beneficiarios, aunque se pretende limitar al máximo la transferencia de dinero entre unos y otros, así como entre las comunidades autónomas.

Mientras tanto, en Bruselas, un grupo formado por veintitrés estados miembros de la UE, entre los que se encuentra España, ha manifestado durante la semana pasada su protesta contra las medidas de aplicación de la reforma de la PAC que está preparando la Comisión Europea. Consideran que sus servicios tratan de ignorar algunas de las decisiones adoptadas a nivel político por los ministros y de limitar su alcance, sobre todo en lo que respecta a la ayuda a los jóvenes agricultores y la producción biológica. En una «nota común», ese grupo de países han denunciado estos «actos delegados» de la Comisión, ya que consideran que las disposiciones se desvían de las decisiones que toman los «co-legisladores», es decir, el Consejo de Ministros y el Parlamento. Por ejemplo, en el caso del acceso al pago directo a los jóvenes agricultores, los representantes de estos estados afirman que el proyecto de «acto delegado» de la Comisión Europea impone «condiciones muy restrictivas» a los jóvenes que se instalen como miembros de una entidad jurídica. La consecuencia de ello es que, en algunos de los estados miembros, dos tercios de los jóvenes agricultores quedarían excluidos de hecho de esta ayuda.