El polémico déficit fiscal

La publicación oficial de las llamadas «balanzas fiscales» es un grave error. Así lo he dicho donde tenía que hacerlo, y hoy lo quiero reiterar. Con ella, lo que debía ser tan sólo un ejercicio contable y académico (sujeto siempre a diferencias y debates técnicos sobre sus objetivos, metodologías y resultados) se convierte en un nuevo motivo de confrontación política y territorial.

Cuando se publicaron por primera vez, las balanzas fiscales persiguieron el objetivo político de demostrar la «generosidad» de Cataluña con el resto de España (para justificar entonces los privilegios singulares de financiación que se querían incorporar en el proyecto de nuevo Estatuto). Parece que ahora lo que se persigue es lo contrario: desmentir el discurso del agravio (ese irracional y falso «España nos roba») con el que los independentistas pretenden justificar su proyecto soberanista. Vemos como, en ambos casos, lo que debía ser un instrumento de mera información económica se ha transformado en un instrumento de acción política, lo que considero es un profundo error.

El mismo concepto de «balanza fiscal territorial» encierra un gran equívoco. Desde la perspectiva de los ingresos fiscales, los que pagan impuestos son las personas (físicas o jurídicas), nunca los territorios. Y puede afirmarse que, con carácter general (salvo las singularidades forales, y las derivadas del ejercicio de la capacidad tributaria por cada Comunidad), todos los españoles con unas condiciones económicas equivalentes tributan de igual manera. Por lo que no puede decirse en absoluto que los ciudadanos de una Comunidad contribuyen más que los de otra, puesto que todos están sujetos a una misma legislación fiscal.

Por su parte, el impuesto de sociedades grava los beneficios totales de las empresas. Pero éstas declaran sus beneficios conjuntos al final del ejercicio económico, sin detallar cómo contribuye a ellos cada territorio. Y además lo hacen allí donde tienen su domicilio fiscal. Por ello, es imposible imputar de un modo preciso este impuesto a las Comunidades. Una dificultad de atribución territorial que, en mayor o menor medida, presentan la mayor parte de los ingresos y gastos del Estado. Desde la perspectiva del gasto público, sí que es cierto que las inversiones del Estado se ejecutan en los territorios. Pero en relación a ellas surge una nueva discusión metodológica. La de determinar, por ejemplo, si las importantes inversiones realizadas durante los últimos años por el Estado en el AVE en el territorio de Castilla y León benefician exclusivamente a nuestra Comunidad, o por el contrario suponen un beneficio, mayor o menor, directo o indirecto, para todos los españoles, y para todas las Comunidades de España.

Y es que desde el propio concepto de la «unidad nacional» (del que se deriva entre otros el de «unidad económica») el ejercicio de las balanzas fiscales es incompleto y parcial. Parcial sobre todo si se hace considerando los datos aislados de los ingresos y gastos del Estado en un solo año. O incluso en unos periodos cortos de tiempo que no tengan en cuenta todos los grandes esfuerzos y flujos que han sido necesarios para la construcción y el crecimiento histórico de la Nación. E incompleto porque es evidente que las Comunidades que, en un ejercicio fiscal determinado, pueden aparecer a simple vista como «perjudicadas» en relación con el resto de España, pueden por el contrario salir beneficiadas si además de la fiscal se analizan otras dimensiones sociales o económicas en las que se concreta la unidad nacional: la de las relaciones comerciales, la de las contribuciones sociales, la de los flujos financieros, la de la producción energética, la del esfuerzo medioambiental...

Finalmente, la publicación oficial de las llamadas balanzas fiscales coincide con la confirmación de que queda aparcada la reforma del actual sistema de financiación autonómica, anunciada en su día por el Gobierno, y necesaria y pedida por todas las Comunidades. Como ya hemos reiterado, en Castilla y León no vamos a distraernos en un debate doctrinal y contable que por error se convierte en motivo de enfrentamiento político y territorial. Para nosotros el problema fundamental sigue siendo el de la insuficiencia del actual sistema de financiación. Que en 2014 nos va a aportar casi 450 millones de euros menos de los que en nuestro Presupuesto son necesarios para cubrir tan sólo los 3 grandes servicios públicos de competencia autonómica: educación, sanidad y servicios sociales. Una realidad que nos conduce a dos caminos, ambos indeseables, o a la reducción del gasto o a un mayor endeudamiento. Y por si esto fuera poco, se quiera o no, esa publicación ya está determinando unos efectos perversos en el debate político y de los medios: la calificación de las Comunidades en tres categorías: infrafinanciadas, superfinanciadas, y suficientemente financiadas. Una conclusión totalmente irreal e injusta, que también enturbiará esa futura reforma del modelo de financiación.