Impuestos
El tabaco subirá entre 10 y 15 céntimos
Las empresas tabaqueras estudian repercutir en las próximas fechas el incremento de impuestos aprobado por el Gobierno con un aumento del precio de venta al público. Las marcas más demandadas costarán entre 4,50 y 5 euros
Las empresas tabaqueras estudian repercutir en las próximas fechas el incremento de impuestos aprobado por el Gobierno con un aumento del precio de venta al público. Las marcas más demandadas costarán entre 4,50 y 5 euros
Al mediodía del viernes, el Consejo de Ministros, anunciaba el paquete de medidas fiscales aprobadas para corregir el desequilibrio de las cuentas. Ayer, el Boletín Oficial del Estado publicaba los detalles numéricos del Real Decreto-Ley en un documento de 24 páginas. Apenas unas horas después, LA RAZÓN conocía las intenciones del sector tabaquero para reaccionar al incremento de impuestos que dio a conocer Cristóbal Montoro: estudia ya una subida del precio de las cajetillas de cigarrillos de entre 10 y 15 céntimos. Las marcas más vendidas en España pasarían a costar entre 4,40 y 4,60 euros, y las «premiun», alcanzar los 5 euros. A cambio, el Estado recaudará si no cambian los hábitos de consumo 100 millones de euros más en el capítulo de especiales, cantidad a la que habría que añadir la parte correspondiente del IVA. Según recogen los Presupuestos Generales del Estado, en el presente ejercicio, Hacienda espera recaudar 6.778 millones de euros.
El Gobierno ha justificado la adopicón de las medidas aprobadas por el último Consejo de Ministros por la necesidad de reducir el déficit público. «Se enmarcan –dicen las primeras páginas del Real Decreto-Ley– en las buenas prácticas de tributación en los países de nuestro entorno y en las recomendaciones de los organismo internacionales, incluida la Unión Europea». Habla de moderado incremento de la fiscalidad indirecta de algunos productos ( 2,5% para el tabaco y 5% para el alcohol y sus derivados) para aproximar la recaudación, en términos relativos de PIB, a los países de nuestro entorno».
El Gobierno ha sido muy cauteloso a la hora de «tocar» la fiscalidad del tabaco, consciente de que la subida de impuestos no siempre se traduce en una mayor recaduación. En la mente está la revisión impositiva llevada a cabo por Elena Salgado en el último Gobierno socialista, con la que pretendía obtener 700 millones de euros más de recaudación y que al final «consiguió» recaudar 200 millones menos de los presupuestados con anterioridad.
Fijar un suelo alto
Tal y como figura en el BOE, el Ejecutivo ha decidido mantener el impuesto «ad valorem» en el 51% del precio de venta al público y subir el impuesto específico desde 24,1 euros por cada mil cigarrillos a 24,7 euros. El importe del impuesto no puede ser inferior a 131,5 euros por mil cigarrillos (128,65 euros en la actualidad), y se incrementará hasta 141 euros (138 euros ahora) «cuando a los cigarrillos se les determine un precio de venta al público inferior a 3,92 euros por cajetilla.
Con la subida del impuesto mínimo es Gobierno pretende dos cosas. Por un lado evitar que el consumo se desvíe hacia marcas «low cost», de menor tributación, y que se potencie el contrabando de tabaco, como consecuencia de la lógica reacción de los fabricantes de repercutir la subida impositiva en el PVP. Si en la actualidad, para vender un paquete de tabaco por debajo de 3,92 euros (no hay en el mercado español) hay que pagar 2,76 euros de impuestos, a partir de hoy hay que abonar 2,82. Como ha señalado una fuente consultada por este diario, «se trata de desincentivar el consumo de marcas baratas y dificultar el acceso de los jóvenes al tabaco». Cuanto más baratos son los precios más fácil es el acceso de los consumidores con menores recursos económicos.
Al mismo tiempo, con la subida del impuesto específico, el Gobierno se asegura el cumplimiento más exacto de sus previsiones de recaudación. La Unión Europea ha recomendado a sus Estados miembros que la imposición de las labores del tabaco vayan balanceándose a favor de más impuesto específico y menos porcentaje de «ad valorem».
Lo que sí ha sorpendido en el sector es que el Gobierno no haya aprovechado la ocasión para cerrar sus «cuentas» con Europa. Sobre el doble mínimo que seguirá vigente tras el real decreto ley de ayer pesan dos advertencias de Bruselas para su supresión. «Da cierto aire al mercado», dice una fuente del sector.
Picadura y alcohol
Con la medida que ayer entró en vigor el Gobierno continúa el proceso de reforma de la estructura impositiva del tabaco iniciada con el real decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introdujeron medidas tributarias y administrativa dirigidas a la reducción del déficit público. El ajuste, dice el texto publicado ayer en el BOE, «tiene como finalidad alcanzar de forma progresiva un mayor equilibrio entre el elemento porcentual del impuesto, vinculado al precio, en relación con el elemento específicio determinado por unidad de producto, en consonancia con la tributación actual de los Estados miembros». La anterior revisión redujo el «ad valorem» del 56 al 51%.
Además del impuesto sobre los cigarrillos, el Gobierno retocó ayer la fiscalidad de la picadura para liar, que estará gravada por un tipo proporcional del 41,5% (el mismo que rige ahora) y un tipo específico de 23,5 euros por kilogramo. El importe del impuesto no puede ser inferior a 98,75 euros/kilo. Si el precio de venta al público bajase de 165 euros/kilo, el gravamen anterior se incrementariá hasta 102,75 euros.
Además del tabaco, el Gobierno revisó al alza los impuestos sobre el alcohol. Las tesis de la Secretaría de Estado de Turismo de que no se tocase la imposición sobre el vino (tipo cero) han surtido efecto. El nuevo tipo impositivo para los productos intermedios, con un grado inferior al 15% del volumen será de 38,48 euros por hectolitro. Para los demás productos intermedios, 64,13 euros. Para el alcohol y las bebidas derivadas, el tipo impositivo sube a 958,94 euros por hectolitro de alcohol puro.
¿De qué forma puede afectar la «minirreforma» tributaria a la marcha de la actividad en el futuro? En su exposición el Gobierno asegura «que no está previsto que perjudique sustancialmente el patrón de crecimiento y de creación de empleo de la economía española».
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha sostenido que el Gobierno «no ha incumplido la promesa» que hizo de no subir los impuestos, sino que «ha pedido un esfuerzo adicional en el ámbito de los ingresos a las empresas más grandes, aquellas que están teniendo más beneficios en la recuperación».
Fátima Báñez también se ha referido a las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros y ha recordado que la legislatura se está escribiendo «pacto a pacto. Lo aprobado ayer por el Consejo de Ministros fue un acuerdo por el crecimiento y las oportunidades en España», subrayó. La ministra ha situado el logro alcanzado con el PSOE, al que espera se sumen algunos partidos políticos más, en el «cumplimiento con Europa», y ha asegurado que la mejora de los ingresos es fruto de la confianza y del crecimiento de las oportunidades.
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