Conflictos laborales
Enaire y los controladores llegan a un acuerdo y no habrá huelga en Barcelona
La plantilla se incrementará un 21% hasta 2025
No habrá huelga en el centro de control aéreo de Barcelona. El gestor de navegación aérea en España (Enaire) y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) han firmado esta tarde el preacuerdo que pone fin al conflicto laboral que llevaba meses abierto. El documento incluye un aumento del 21% de la plantilla nacional de controladores hasta 2025, lo que se traducirá en la incorporación de 420 nuevos profesionales en términos netos; y un aumento de plantilla de 96 trabajadores para el centro barcelonés hasta 2023. El pacto tendrá que ser ratificado tanto por el Gobierno, a través de los ministerios de Fomento y Hacienda, como por los controladores, que se reunirán el viernes en asamblea tanto en Barcelona como en el resto de España. Si, como parece, aceptan lo propuesto, el aviso de huelga decaerá.
El presidente de USCA, Pedro Gragera, ha declarado al término de la reunión que con el acuerdo alcanzado ahora dan ya por negociada “la parte más importante del convenio, la de personal”, y que esperan que quede sellado el 30 de junio del año que viene. Gragera ha explicado que el aumento en al menos el 21% de la plantilla dará respuesta al aumento del tráfico aéreo previsto para los próximos años, ya que Enaire se ha comprometido a incorporar un mínimo de 420 controladores aéreos hasta 2025, al margen de la reposición por jubilaciones, que implica otros 400 puestos.
La desconvocatoria de la huelga en el centro de control de Barcelona despeja un poco el horizonte del aeropuerto barcelonés de El Prat, que se presentaba sombrío de cara al verano y que se ha visto castigado en los últimos meses por los paros en Marsella. La amenaza ahora para la movilidad aérea durante el verano se centra en Ryanair. Los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea irlandesa de España, Bélgica, Italia y Portugal se van a reunir esta semana para establecer un calendario de movilizaciones una vez que la empresa no respondió a sus demandas antes del pasado día 30 de junio. Los TCP reclaman que se les aplique la legislación laboral de sus respectivos países y que todos tengan las mismas condiciones de trabajo con independencia de si son personal de la compañía o son subcontratados.
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