La fábula del escorpión y la rana que el Gobierno hace realidad con los empresarios

Todos sabemos que el socialismo siempre destruye lo que finge proteger, pero lo que es francamente alucinante es que, además, se apodere de una supuesta causa «verde» que luego no solo entorpece, sino que pone a España a la cola en seguridad jurídica y atracción de inversión. El acuerdo y la manera de actuar de PSOE-Sumar recuerda a la fábula de la rana y el escorpión: van de verdes y de defender la transición energética, pero no pueden contener su naturaleza de odio –el escorpión que llevan dentro– y no se pueden resistir a «matar» a la rana –que serían las empresas– que les ayudaría a cruzar el río. La consecuencia de este intervencionismo ciego que considera a las empresas como demonios es que matando a la rana matan su oportunidad económica e industrial, y matan a las renovables.

Todo el acuerdo es una aberración ya desmontada pero repetida, como el que no quiere aprender. A pesar de que la Unión Europea y la realidad económica les ha demostrado su negativa a aplicar este intervencionismo y el error de sus propuestas intervencionistas, las repiten. Propuestas que encarecen la transición energética para los consumidores y ahuyentan la inversión.

No olvidemos que España ya está en desventaja con respecto a otros países porque sus empresas energéticas sufren mayores cargas fiscales y mayor inseguridad regulatoria.

Con ello, ponen en desventaja a las empresas españolas frente a las de nuestros países vecinos. Un ejemplo muy claro es el impuesto a las energéticas que, de todos los países de la UE, sólo España –e Italia– lo aplican también a electricidad, y sólo España lo aplica sobre ingresos –no sobre beneficios– incluso siendo conscientes de que no es correcto.

El acuerdo es un ejemplo clásico de falsas buenas intenciones que consiguen lo contrario. Exigen mayor ambición climática, apuesta por las energías renovables y la reindustrialización verde y, a la vez, hunden a impuestos a las empresas que invierten y fortalecen la industria, mientras anuncian todavía más cierres de nucleares, que nos ha llevado a multiplicar las importaciones de gas ruso.

Dicen que quieren acabar con el sistema marginalista para abaratar la factura y atraer inversiones en renovables, cuando han cercenado la inversión en energías verdes con su disparatado «tope del gas» al hundir la señal de precio que atrae inversión verde.

En fiscalidad, además de mantener los impuestos confiscatorios que ya están en marcha, proponen en el impuesto de Sociedades un 15% efectivo sobre resultado contable de las grandes empresas –no sobre la base imponible como todo el mundo–, que es una aberración, ya que supone doble imposición y aleatoriedad política, y se lo dijeron hasta sus propios expertos… Pero nada. Además, proponen la prórroga de los gravámenes a los ingresos –no a los beneficios– de banca y energéticas –que finalizaba el 31 diciembre 2023–, lo que supone un problema adicional para atraer inversión y ya ha llevado a que una empresa energética anuncie su deslocalización si se lleva a cabo.

Hablan de una fiscalidad verde de «quien contamina paga», pero evitando «que el que pueda pagar siga contaminando», y que irá acompañada de medidas compensatorias –imposición directa o políticas de gasto–. Es decir, que nos va a costar a todos mucho más la energía. Mientras, hablan de incentivos para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y la economía circular, pero todo son brindis al sol sin detalles, igual que su promesa de duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico, que pagan las eléctricas, no ellos.

En autoconsumo fotovoltaico establecen una prioridad de objetivo de 19 GW instalados en 2030, pero luego atascan todos los permisos, como ya ha ocurrido.

Hablan de una política industrial pivotando sobre la rimbombante estrategia «España, Potencia Industrial Verde» y la realidad es que entorpecen y atacan a la industria. No podemos olvidar su también rimbombante «hoja de ruta de gestión sostenible de las materias primas para reforzar la autonomía estratégica española y europea» en esta transición. Es decir, nada en un Gobierno que ha multiplicado las importaciones de gas ruso. El objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 es simplemente imposible a menos que generen un desastre económico y una crisis. Y ya, para no dejar las palabras vacías, está el «despliegue racional del hidrógeno renovable atendiendo a su viabilidad técnico-económica, destinándose a procesos de difícil electrificación». Vamos, que suena lógico pero se va a quedar en nada y ustedes lo verán.

Es curioso ver que, en Europa, con España presidiendo el Consejo, se llega a un acuerdo –difundido a bombo y platillo por el gobierno– que consagra el mercado marginalista, puesto que ningún país pone en duda su eficacia para dar las señales de precio necesarias y garantizar inversión y suministro de calidad, y dos días después, los mismos partidos del Gobierno, firman un acuerdo exigiendo volver a un modelo intervencionista obsoleto y equivocado y atacando el sistema marginal.

Lo único que les obsesiona es el mercado eléctrico e intervenir más la factura eléctrica porque ven a las empresas eléctricas como un goloso premio si las nacionalizan, para colocar a miles de sus acólitos. El intervencionismo ve una eléctrica eficiente y líder en el mundo y piensa que si pudiese la destruiría, como han hecho con Correos, para convertirla en un cajero automático de gasto clientelar. Y el ejemplo de Correos no es baladí. Estos dos partidos venden la idea de que la gestión pública y la intervención bajan los precios y mejoran el servicio, y en Correos, donde tienen monopolio, han disparado las pérdidas subiendo las tarifas más de un 70%.

El acuerdo PSOE-Sumar es intervencionista, anti-industria y ataca lo que finge proteger. El acuerdo del escorpión con la rana. Ninguna novedad, desafortunadamente.