Fomento busca minimizar el coste de absorción de las radiales

De la Serna ve imposible llegar a un acuerdo con los acreedores de los 4.000 millones de deuda

«Francamente difícil». Así definió ayer el ministro de Fomento la solución al problema de las autopistas de peaje en quiebra. Íñigo de la Serna compareció en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar las líneas generales que seguirá su departamento durante esta legislatura y dar cuenta de la polémica que rodea al «rescate» de estas vías. En concreto, se trata de nueve carreteras de pago gestionadas por ocho concesionarias en vías de liquidación ante su flagrante falta de viabilidad económica, con una deuda superior a los 4.000 millones de euros.

El ministro recordó que el Ministerio está negociando con los acreedores de estas autopistas, pero prácticamente descartó que esta opción vaya a impedir que las carreteras terminen pasando a manos del Estado, previo pago de la correspondiente compensación, la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Influye el hecho de que en muchos casos, los acreedores iniciales (bancos sobre todo) han vendido sus posiciones en estas vías a «fondos buitre».

Con este panorama, y aunque no dio cifras concretas, Fomento da casi por hecho que tendrá que acabar pagando para recuperar la gestión de estas autopistas. En cualquier caso, hará todo lo posible para reducir al máximo el coste para las arcas públicas. «Actuaremos para minorar ese impacto», dijo De la Serna. Se trata en cualquier caso de un cambio en el discurso del Ministerio en los últimos años, ya que Ana Pastor aseguraba que las autopistas de peaje no iban a costar «ni un euro» a los ciudadanos. El baile de cifras respecto a la cuantía del rescate arroja unas cantidades muy distintas. Mientras que desde la patronal de la construcción Seopan apuntan a un coste superior a los 5.000 millones de euros, desde el Gobierno confían en poder rebajar sustancialmente esa cantidad a menos de la mitad, en el entorno de los 2.000 millones de euros. No obstante, el ministro insistió en que se trata de un proceso judicial en curso, con una total ausencia de decisión política. Eso sí, garantizó, que pase lo que pase, estas carreteras podrán ser usadas por los ciudadanos el día siguiente a la resolución del conflicto.

Respecto a los plazos, De la Serna apuntó a un tiempo máximo de seis meses desde que se inicie el proceso de liquidación de cada vía. En el caso de las radiales de Madrid R3 y R5, el paso a manos de la administración está ya programado judicialmente para el próximo 1 de julio de 2017. Será entonces cuando se cuantifique la RPA correspondiente para cada caso y se lleve a cabo el pago. Sobre los motivos que han conducido a esta situación, Fomento puso el foco sobre tres puntos: el millonario sobrecoste de las expropiaciones (unos 1.800 millones de euros), las exageradas previsiones de un tráfico golpeado por la crisis (un 45% superior a la realidad) y las mejoras y nuevas construcciones de vías paralelas a las autopistas, que restan tráfico a los peajes.

Desde el PSOE afearon a Fomento que los españoles vayan a tener que pagar «5.000 millones o los que sean» para rescatar estas vías y bromearon con el chiste que circula por las redes sociales: «¿Os acordáis de cuando no cogíais una autopista de peaje para no pagar? Pues ahora vais a pagar por no haberlas cogido».

La privatización de AENA aún está en estudio

El ministro de Fomento desgranó las prioridades de su departamento para esta legislatura, después de unos años de crisis en los que la inversión en infraestructuras ha sido muy golpeada. De la Serna afirmó que las nuevas obras deben «adaptarse a las necesidades reales, buscando la máxima rentabilidad económica y social». Entre los proyectos ferroviarios, apuntó a que se priorizarán los corredores transeuropeos, sobre todo el mediterráneo y el atlántico. Respecto a los trenes de Cercanías, apuntó que se diseñarán nuevos planes para aumentar la capacidad, en coordinación con las comunidades. En el tema aeroportuario, el ministro señaló que el Gobierno aún no hay tomada ninguna decisión sobre una posible extensión de la privatización de AENA.