Fomento no garantiza todos los empleos de las autopistas de peaje que vencen

El fin de los peajes dejará en la calle a más de 1.000 personas. El ministerio de José Luis Ábalos solo recolocará a los trabajadores incluidos en puestos de mantenimiento y conservación de vías.

La decisión del Gobierno de no renovar las concesiones de las autopistas de peaje que vayan venciendo en los próximos años ha supuesto una enorme alegría para miles de conductores, que se ahorrarán una buena cantidad de dinero al año y evitarán tener que desplazarse por carreteras secundarias para no tener que rascarse el bolsillo.

De momento, los únicos que se han beneficiado de la medida son los usuarios de la AP-1, entre Burgos y Armiñón, que quedó abierta al tráfico el pasado año. Pero en los próximos ejercicios, otras vías de gran capacidad ahora de pago se convertirán en gratuitas. Las próximas serán la AP-7, que une Tarragona y Alicante, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, que quedarán exentas de pago a finales de este año.

El Ejecutivo en funciones aprobó el pasado viernes la licitación de los contratos de conservación y explotación de estas dos autopistas, que pasarán a ser gestionadas por el Estado a partir del 1 de enero de 2020 y en las que se eliminarán los peajes y se subrogarán parte de los trabajadores. Sin embargo, Fomento no garantiza la recolocación de todos ellos que ahora prestan sus servicios en las empresas que gestionan esta vías.

Fuentes ministeriales confirmaron ayer a LA RAZÓN que, en el caso de la AP-7 y la AP-4, los trabajadores cuyos puestos serán subrogados son los que tengan actualmente contrato en el servicio de mantenimiento y conservación, por lo que el resto de empleados perderá su trabajo.

Si Fomento no presenta algún plan de recolocación, la decisión del ministro José Luis Ábalos de nacionalizar las autopistas privadas en quiebra dejará damnificados por el camino. Concretamente, más de un millar de personas que ahora trabaja en alguna de las concesiones que serán intervenidas se quedarán sin trabajo una vez se levanten las barreras, según los cálculos del sindicato UGT. Por el camino ya se han quedado otros cientos de trabajadores del sector. El sindicato asegura que la falta de tráfico y la automatización ya habían reducido las plantillas de estas concesiones en un 35%, especialmente en los puestos de trabajo vinculados a los peajes. A ello se suma, según UGT, la mala situación de los empleados de las nueve autopistas radiales que han quebrado y cuya gestión ha revertido al Estado. Desde hace años, este colectivo ha sufrido convenios congelados, despidos indiscriminados y recortes salariales.

Con la decisión de Fomento de no prorrogar los peajes, de los 2.759 kilómetros de autopistas de pago de titularidad de la Administración General del Estado sujetos a concesión administrativa, 1.533 kilómetros han dejado, o dejarán de estar sujetos a contrato; un 56% del total, cuyos costes de gestión y conservación habrá de asumir el Estado con cargo a los Presupuestos. Estos costes ascienden a unos 500 millones de euros, sin contemplar las obras de ampliación y reparación que muchas de estas infraestructuras requieren.

La red de autopistas arrastra, además, un importante déficit de mantenimiento. Según cálculos de la Asociación Española de la Carretera, la cifra supera los 7.000 millones de euros, si bien el Ministerio de Fomento ha rebajado tal cifra hasta los 2.000 millones

Cuando Ábalos anunció su decisión de levantar las barreras de los peajes, argumentó que lo hacía para abrir un debate sobre el modelo a adoptar para financiar la conservación de la red de alta capacidad. Las opciones sobre la mesa son dos: generalizar el pago por uso o hacerlo a través de los Presupuestos Generales del Estado. Ábalos anunció la puesta en marcha de una subcomisión en el Congreso de los Diputados para estudiar la cuestión, que no llegó a ponerse en marcha por el adelanto electoral.

El pasado mes de abril, Ábalos planteó sacar el gasto de mantenimiento de las autovías de los Presupuestos –lo que abocaría al cobro de peajes para su conservación– y «destinar parte de los recaudado a Sanidad, Educación o pensiones», dijo. Y que si se apuesta por conservar las carreteras con fondos públicos, «habrá que elevar la presión fiscal». Un todo en uno.