Fondos europeos para destruir un sector: qué está pasando con el DNI 4.0 y los estudios fotográficos en España

El 70% del sector fotográfico español está al borde de la desaparición. ¿Lo peor de todo? El Gobierno ha tenido tres años para impedirlo, denuncian desde la Asociación de Empresas Unidas del Sector Fotográfico (Eufoto). Tras sobrevivir a la crisis de la covid, el mecanismo elegido por el Ministerio de Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, para implantar el DNI 4.0 electrónico (DNIe) que marca el Reglamento europeo 2019/1157 ha dado la estocada final al sector.

El proyecto conlleva la instalación de cabinas fotográficas en las comisarías para que los agentes tomen in situ la imagen que se usará en el documento de identidad, con 127 instalaciones confirmadas para este primer semestre de 2024 (90 ya efectuadas) y hasta 1.900 en el largo plazo. El cambio acabará con la principal fuente de ingresos de los estudios fotográficos, la fotografía de carné, algo que también contraviene las pautas de la UE, la calidad de las imágenes caerá en picado y excluirá a numerosos colectivos.

Ya hay precedentes que vaticinan el desastre del actual plan del Gobierno. Como consecuencia del cambio de la normativa por parte de la DGT, se transfirió a los centros médicos la responsabilidad de la toma fotográfica para el documento de conducción. Esto ha derivado en un rechazo del 15-20% de las imágenes por irreconocibles por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre porque los centros médicos usan webcam, el mismo tipo de cámara que incluyen las cabinas que ya están en las comisarías. Además, 1,7 millones de documentos de conducir expedidos con NIE se tienen que pasar un DN antes de que acabe el año, un volumen inasumible por los centros. Ahora, Eufoto está realizando pruebas con la DGT en la Comunidad de Madrid para realizar la transferencia directa de la imagen digital tomada en estudios y que llega desmaterializada a los centros médicos.

Otro ejemplo del desastre es Portugal. En el país vecino se optó porque las imágenes las tomasen en oficinas de documentación para el ciudadano, dependientes de los ayuntamientos, mediante cabinas. El resultado fue el cierre masivo de estudios y fotógrafos profesionales (más del 40%) y un aumento de las quejas por parte de usuarios y técnicos por la baja calidad de las imágenes y por las dificultades que genera para fotografiar a determinados perfiles (personas con discapacidad, niños, ancianos en hospitales, residencias o casas, ciudadanos con TOC, parkinson, alzheimer o autismo). El problema es que ya no hay vuelta atrás, porque apenas quedan estudios.

Además, Joan Sarró, director de Eufoto. insiste en que en la normativa europea no hay ninguna prescripción ni recomendación de que la toma fotográfica deba ser realizada en una comisaría de Policía. De hecho, al contrario, aconseja apoyarse en los estudios de fotografía y prohíbe el uso de webcam.

“Están usando fondos europeos para destruir un sector”, lamenta Sarró. Este nuevo formato de DNI responde al cumplimiento del Reglamento europeo (2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019) para reforzar la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE. La medida conllevará una inversión total de 25 millones procedentes de los fondos de recuperación de la UE. No obstante, la cuantía destinada exclusivamente a las cabinas de la empresa Tecisa –la facturación de la compañía pasó de 977.484 euros en 2020 a 2,4 millones en 2022 y su presidente es Manuel Cordón Cano, exmiembro del Cuerpo General de Policía condecorado en 1974 con la Cruz al Mérito Policial, según recoge el BOE– no ha sido desglosada por Interior.

La seguridad y calidad exigida por la UE se puede lograr sin perjudicar al sector fotográfico, como lo han hecho Francia y Alemania, argumenta Sarró, pero la vía elegida por España generará daños colaterales irreparables. Eufoto asegura que la instalación de estas cabinas conllevará la desaparición de 4.500 estudios, puntos de venta, autónomos y empresas, el 70% del sector fotográfico, una tasa que se eleva al 100% en el caso de los estudios próximos a comisarías, que dependen casi en exclusiva de los ingresos que generan con las fotografías del DNI (el precio medio ronda los 8 euros).

En consecuencia, se destruirán 5.500 puestos de trabajo, el 60% de los que genera el sector fotográfico y el impacto se extenderá a otros sectores vinculados como los fabricantes de papel, impresoras, cámaras, flashes de estudio, iluminación, distribuidores etc. Además, también ocasionará escasez de fotógrafos para asumir la toma de imágenes en residencias, hospitales, matrículas de colegios, graduaciones …

Con las 127 instalaciones de cabinas confirmadas para este primer semestre de 2024 (90 ya efectuadas), la facturación perdida ascendería a 12,5 millones en caso de encargarse del 40% de las imágenes y de 18,78 millones si asumen el 60% al cabo de un año. Si llegan a asumir el 100% de las imágenes de DNI de las comisarías donde están instaladas, conllevarían la pérdida de 31,3 millones para el sector, el 30% de su facturación vinculada al DNI (100 millones).

Jesús derivó de la imprenta a la fotografía cuando las publicaciones en papel fueron perdiendo peso. Ahora, su negocio fotográfico también está amenazado. Su estudio se ubica justo al lado de Oficina de Tramitación del DNI y Pasaporte (Centro), en Madrid y las imágenes de documentos representan el 100% de sus ingresos. La llegada de una cabina a la oficina de tramitación acabaría con su negocio. "No me quedaría otro remedio que cerrar y tendría que despedir a las dos personas que están trabajando", cuenta a LA RAZÓN. 12 años de experiencia desaparecerían de un plumazo. Además del perjuicio que generaría a su negocio, Jesús advierte de que las cabinas no sirven para tomar las imágenes de perfiles que requieren una atención personalizada como los niños o las personas con discapacidad. Asimismo, lamenta que teniendo en cuenta la duración y el bajo coste de la imagen de DNI, el Gobierno haya adoptado una medida que "quita trabajo a miles de personas que viven de ello".

Eugenio, con 30 años de experiencia, también lo tienen claro: si una de estas cabinas fotográficas llega a la comisaría próxima a su estudio en Madrid el cierre es inevitable. "El 50% de mis ingresos depende de los documentos. Si eso llega a ocurrir, dejaría de dedicarme a la fotografía. Imagínate la faena", asegura. Eugenio insiste en que la experiencia de la DGT y la fotografía de conducir evidencia las lagunas de este plan y vaticina el mismo desenlace en el caso del DNI. "Se han dado cuenta, aunque tarde, de que las imágenes tomadas en los centros médicos no valen. Ahora se está intentando que en las comisarías no se cometa el mismo error", añade.

En muchas comisarías, las cabinas de DNI Exprés tampoco han sido bien recibidas. “Esta medida posibilita la atención simultánea de dos personas, manteniendo la privacidad de cada ciudadano, por un único expedidor en el tiempo equivalente a una expedición de DNI-e estándar”, detalla una nota de la Policía Nacional. En consecuencia, la instalación de una cabina lleva aparejada la retirada de un funcionario en un puesto de atención, un trabajador que resuelve otros trámites más complejos. La respuesta de algunas comisarías ha sido dejar la cabina en el almacén y no montarla hasta que no llegue una orden expresa.

La alternativa que ofrece el sector es la plataforma Sophos, desarrollada expresamente para cumplir con la implantación del DNI 4.0 sin perjudicar al sector y manteniendo la calidad y la inclusión de todos los colectivos. Con el programa, los fotógrafos toman las imágenes y las transfieren al departamento de Policía o Tráfico. Esa imagen está encriptada y solo se puede abrir y descargar una vez.

En Francia, desde hace años se realizan las fotografías en estudios fotográficos y quioscos especializados de foto ID y las imágenes son transferidas y descargadas por el departamento de documentación (los ayuntamientos) mediante un código. Bélgica ha adoptado una solución similar a la francesa y Alemania, por su parte, empezará a hacerlo en 2025.

Tras llevar desde 2021 reuniéndose con el Ministerio de Interior para explicar la gravedad del plan desarrollado por el Gobierno y presentando informes justificativos sin éxito, el sector ha decidido hacer público el impacto que generará y se plantea hacer huelgas de fotografía.