Garamendi también cobró como falso autónomo en Cepyme

Antonio Garamendi también cobraba como autónomo cuando era presidente de la patronal Cepyme, la misma fórmula que utilizó para recibir sus emolumentos ya como máximo responsable de la CEOE, y el mismo método por el que su antecesor en la patronal de pymes, Jesús Terciado, tuvo que dimitir, forzado precisamente por Garamendi –su número dos en aquel momento–, y que acabó ocupando su puesto.

Terciado dimitió en noviembre de 2014 tras ser imputado por el cobro de 300.000 euros durante dos años, que facturaba a través de sociedades bajo su control por servicios a la organización empresarial, igual que hizo su sucesor, Antonio Garamendi, pese a la imputación judicial, el tiempo que estuvo como máximo responsable de las pymes. Una metodología que aplicó también como presidente de CEOE entre 2019 y 2022, años en los que cobró unos 350.000 euros anuales brutos mediante facturas emitidas como autónomo.

Terciado fue denunciado ante la Audiencia Provincial de Madrid en 2014 por parte de tres miembros de su junta directiva pertenecientes a la organización salmantina Confaes, presidida por Juan Antonio Martín Mesonero, editor del grupo de comunicación "La Tribuna". La denuncia sostenía que el presidente de Cepyme había cobrado como autónomo 313.000 euros entre 2011 y 2012 a través de sus sociedades, Ingasert y Tecrucyl.

El empresario defendió públicamente que se trataba de una práctica habitual en las organizaciones para obtener la remuneración propia del cargo, al tener otras actividades que facturar. Pese a ello, fue acusado de supuestos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida por utilizar sus sociedades para facturar servicios en Cepyme, cargos de los que fue absuelto en 2017 por la Audiencia Provincial de Madrid, lo que no le sirvió para recuperar su puesto en Cepyme.

Miembros pertenecientes a aquel cuadro directivo –que han preferido quedarse en el anonimato– han relatado a LA RAZÓN que Garamendi –en ese momento vicepresidente de Cepyme y que ya aspiraba a presidir la CEOE frente a Juan Rosell– fue el «instigador oculto» de aquella denuncia y aprovechó la situación «para hacerse con la presidencia». Lo hizo tras convocar una reunión de urgencia de la Comisión de Régimen Interno de la organización de pymes, formada por ocho miembros, que votó unánimemente la destitución fulminante de Terciado. Garamendi presidía esa comisión, que le aupó a lo más alto.

Una vez en el cargo –y pese a que Terciado y su fórmula de cobro terminó en los tribunales y le costó el cargo– decidió mantener la misma operativa para el cobro de su sueldo, es decir, que cobró en las mismas condiciones por las que Terciado fue denunciado: como autónomo a través de sus sociedades mercantiles.

Sin embargo, se suma un agravante. Mientras Terciado facturaba a través de sus empresas, Garamendi lo ha hecho a través de sociedades a su nombre pero sin actividad empresarial. Por tanto, y según expertos laboralistas consultados por LA RAZÓN, habría incurrido en una situación de falso autónomo al no emitir facturas para y por otras empresas.

Según ha podido saber este periódico, Garamendi ingresaba 120.000 euros anuales como presidente de Cepyme –así consta en las cuentas del ejercicio 2018–, y lo hizo facturando ese dinero a través de sus sociedades mercantiles. Una actuación que mantuvo durante todo el periodo que presidió la patronal de las pymes y que alargó como presidente de CEOE hasta su reelección en 2022.

En ese momento, ante las advertencias de los servicios jurídicos y financieros de la patronal, Garamendi se integró en la plantilla como asalariado, con un sueldo bruto fijo de 380.000 euros, 30.000 euros más que los 350.000 euros que ingresaba durante su anterior presidencia. Eso significaría que sus emolumentos habrían engordado un 8,5%, muy por encima de los convenios sectoriales que se están firmando en la actualidad, cuya media está en torno al 3,5%, subida que es la que se hizo a la plantilla de CEOE.

Gerardo Cuerva, su sucesor al frente de Cepyme, decidió prescindir de cualquier contraprestación económica por sus responsabilidades en el cargo.

Otras fuentes jurídicas consultadas aseguran que Antonio Garamendi, durante sus dos anteriores mandatos –la presidencia de Cepyme y su primer periodo al frente de la CEOE–, podría haber incurrido en una «falta de alta en el Régimen General de la Seguridad Social», que obligaría a la patronal a adscribirse como «sujeto responsable» de la situación, lo que podría haber provocado una menor cotización, que habilitaría la posibilidad de aplicar una sanción, de la que la CEOE debería hacerse responsable de cualquier coste que acarreara.

Esta falta administrativa tiene que ver con el incumplimiento de un apartado de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) correspondiente a las obligaciones de los puestos de dirección o gerencia de las sociedades, que únicamente permiten una situación laboral como la que tenía Garamendi en las sociedades de capital, algo que no sería aplicable en el caso de la CEOE.

Desde la Inspección de Trabajo, que ha iniciado una investigación oficial, confirmó a este periódico que el caso del presidente de la CEOE podría considerarse «ilícito» si se demostrara una situación de falso autónomo o si hubiera cotizado de menos, algo que niegan fuentes patronales: «El presidente siempre ha cotizado por las bases máximas. No tenemos nada que ocultar». Los inspectores señalan que justificar un sueldo tan alto con emisión de facturas es «cuando menos irregular» porque podría haber incurrido en una situación de falso autónomo, que le hubiera permitido «facturar más con menor cotización». Todo ello dejaría en evidencia la buena fe de Garamendi y la validez jurídica de su situación laboral, con una actuación que voces críticas dentro de la organización tachan de «poco ética» y que da una «mala imagen» de la patronal en un momento crítico en la negociación salarial.

En la actualidad, prácticamente todos los presidentes de organizaciones empresariales españolas desempeñan su función sin retribución económica por ello, a diferencia del máximo responsable de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, con su sueldo cercano a los 400.000 euros. En la mayoría de los casos, la contrapartida económica se limita a «gastos de representación».

Pese a ello, la mayoría de patronales no tipifica de forma pública la retribución de sus presidentes. Sólo algunas lo hacen, como la patronal madrileña CEIM, que presenta de forma transparente la retribución de su presidente, Miguel Garrido al publicar su sueldo en las cuentas anuales de cada ejercicio. En el caso de Cepyme, la actual cúpula directiva no recibe retribución alguna, salvo en el caso de trabajadores contratados. Fuentes oficiales de CEOE no han querido confirmar los datos relacionados con Garamendi ni las irregularidades de su situación contractual hasta 2022.

La CEOE, ante la Inspección

La patronal CEOE apoyó la decisión de endurecer la conocida como "ley rider" para detectar falsos autónomos, una situación que en el caso de Antonio Garamendi podrían haber incumplido la propia ley que apoyaron, ya que el presidente de la CEOE cobraba de la patronal, usaba sus medios de producción y se atenía a las estrategias de la organización sin tener otras actividades empresariales. De este modo, se habría incumplido la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, cuyas sanciones varían en función del grado: el mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; el medio, de 6.251 a 8.000 euros; y el máximo, de 8.001 a 10.000 euros, además de que la CEOE podría afrontar el pago de las cuotas por el tiempo en que debería haber estado cotizando por el Régimen General.