Los gestores administrativos se suben al ring

Dentro de los actos organizados para la celebración, este año 2023, del 90 aniversario del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), ha tenido lugar en Madrid la I Batalla gA, un formato novedoso y muy versátil en el que se han “enfrentado”, como si de un ring de boxeo se tratara, varios expertos del mundo laboral, fiscal, sobre la digitalización de la administración y en defensa del empresario, en cuatro “combates” de 40 minutos de duración cada uno para debatir sobre la situación actual.

Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los gestores administrativos, presidió un acto al que asistieron cerca de cincuenta personas y amigos. “los gestores administrativos somos una profesión que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y, además, hay relevo de nuevas generaciones”, destacó Ollero. El anfitrión destacó, a la luz del proyecto de ley de derecho a la defensa, que la “defensa de lo propio es un derecho”, y va “mucho más allá de la abogacía”.

Combate laboral

Tras poner en valor la figura de los gestores administrativos y agradecer la presencia de los asistentes, procedió a la presentación de los contendientes de la primera batalla, sobre derecho laboral, compuesta por Rosa María Virolés, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y Jorge Puente, experto laboralista del ICOGAM.

En el primer tema tratado se hizo hincapié en la adaptación de la jornada laboral. “El trabajador tiene derecho a solicitar todos los permisos y adaptaciones”, destacó en su presentación Virolés. La adaptación de la jornada es un precepto muy bueno para ambas partes. Es importante que el derecho es a solicitar la reducción o adaptación, no a la propia medida. Las condiciones “han de ser razonables y proporcionadas dentro de lo que puede ofrecer la empresa”, destacó Virolés.

Ante esta solicitud, el empresario debe pronunciarse y argumentar su decisión. LA norma establece el mecanismo para solicitar y gestionar la adaptación de la jornada, pero “la negociación entre las dos partes es esencial”, destacó Virolés.

El turno de palabra pasó a Jorge Puente, que comenzó su parte del debate hablando del “riesgo que supone ser empresario”, pues al contratar a una persona con un horario, condiciones y salarios pactados por ambas partes. Sin embargo, después sólo se habla de “derechos del trabajador”, sin tener en cuenta los derechos del empresario. Un trabajador puede solicitar el cambio de las condiciones laborales en cualquier momento, sin embargo si el empresario quiere hacer lo mismo se le exigen multitud de trámites y preceptos, muchas veces casi imposibles de cumplir.

Sobre la negociación, Puente discrepó en que “no hay un derecho a la negociación”. La norma no preveé que no exista una negociación. “No es un derecho del trabajador la negociación, que debe acreditar necesidades de conciliación”, según citó Puente. El trabajador tiene derecho a solicitar la adaptación de la jornada, pero no a negociarla, algo que sin embargo sería muy útil para llegar a un acuerdo, pero no entra dentro de los derechos de la persona trabajadora.

Ollero, como moderador, introdujo en este momento otro tema en el combate, las indemnizaciones por despido. Según el art. 54 del Est. Del trabajador establece que “no se puede despedir a un trabajador sin una causa”. Convenio OIT 158, en su artículo 10, detalla que “se fijará una indemnización adecuada”. La palabra clave, según la opinión de Virolés, es la palabra “adecuada”, destacó Virolés. La adecuación puede ser que sea superior a la indemnización tasada. Hemos de aplicar los convenios, que además son internacionales. Jorge Puente, por su parte, centró su argumentación de esta parte del debate en la “indemnización tasada” que establece el ordenamiento y el artículo 56.1 del ET. Porque el concepto de “indemnización adecuada” es inabarcable y, además, deja al empresario completamente expuesto, porque “no puede conocer la necesidad auténtica del trabajador”, destacó Puente. “Este sistema genera cierta inseguridad jurídica hacia el empresario”, concluyó Jorge Puente.

Combate fiscal

Ollero dio paso al segundo combate, cuyos contenientes fueron Manuel Llamas Fraga, Viceconsejero de Economía, Hacienda y Empleo, y José Antonio Martín Herrera, Vocal 1 del ICOGAM. Este combate giró en torno al asunto fiscal. El sistema fiscal español recauda más que nunca, con nuevos impuestos no consensuados. “¿Este modelo imposibilita la creación de empresas y aleja a los inversores?”, introdujo Ollero.

Manuel Llamas comenzó el combate coincidiendo en que “España se está convirtiendo en un infierno fiscal” por la constante subida de impuestos, que amenaza al crecimiento y favorece la salida de empresas de nuestro país, como estamos viendo. Llamas trajo a colación dos datos: “tras la pandemia se quería salir más fuertes, pero lo datos no lo dicen”. España está a la cola de la recuperación económica de la UE tras una caída de l11% del PIB, y a día de hoy, no hemos recuperado el nivel previo a la crisis. 13% de desempleo, la mayor de Europa.

“El nivel salarial y los precios no pueden definirse por ley, sino que vienen determinados por la productividad”, destacó Llamas. Ya no se puede culpar a la guerra de Ucrania, porque los precios de las materias primas han caído, pero la factura en España sigue siendo alta.

“El aumento de la presión fiscal es muy lesivo”, destacó Llamas, y concluyó su presentación con que “tenemos un gobierno que despilfarra, pues se recaudan más impuestos que nunca, pero seguimos en déficit”.

El turno pasó a José Antonio Martín Herrera, que se centró en la “explicación de ciertos conceptos que se oyen y utilizan mucho y no siempre de manera acertada: presión fiscal (lo que se recauda según el PIB) y esfuerzo fiscal (lo que termina pagando el ciudadano de los impuestos)”. Nos hemos encontrado en la paradoja de tener una gran presión fiscal y un gran esfuerzo fiscal. En este momento habló de la “necesidad de una normativa entendible y aplicable”.

Llamas recogió el testigo, y coincidió con Martín en que la gran cantidad de normas, “de las más altas del mundo”, termina generando una gran inseguridad jurídica, terminando por convertir a España en un infierno fiscal.

Ollero introdujo un nuevo tema: ¿cómo pueden las CCAA atraer la inversión nacional e internacional y, sobre todo, evitar que las empresas se vayan a otros lugares o, peor, cierren?

Llamas comentó que “las CCAA tienen un margen muy pequeño” de actuación en cuanto a recaudación se refiere. Pero hay modelos posibles y alternativos. “Se acusa a la CAM de hacer dumping fiscal, pero no es cierto, pues el resto de las CCAA tiene las mismas posibilidades. Por eso se quiere armonizar los impuestos, y como otras regiones no quieren bajar los impuestos, y lo solucionan subiéndolos en la CAM de manera torticera”, declaró Llamas. En la CAM es donde menos impuestos se pagan, (“llevamos 19 años bajando impuestos”, expuso el viceconsejero) y, sin embargo, es donde más se recauda.

Martín Herrera discutió este último punto, pues “Madrid tiene las mismas posibilidades sí, pero también es la capital y, por tanto, mayor facilidad para aplicar rebajas fiscales, porque tienen más población, más empresas, etc.”. Esto genera una injusticia entre comunidades, en opinión de Martín Herrera. Llamas explicó que “Madrid lleva siendo capital cinco siglos, pero no siempre ha sido la región más rica de España. Lo era Cataluña”. En los años 80, Madrid tenía el 14% del PIB, llegando al 19% en 2022. Cataluña mantiene el 19% desde los años 80. Las administraciones y gobiernos deben establecer el mejor marco para la generación de riqueza, porque “la riqueza no se reparte, se genera”, tanto a nivel regional como nacional. La capitalidad no es la clave. Sí lo es que las cosas se han hecho bien desde hace mucho tiempo, según Llamas, en tres ejes: libertad, justicia fiscal y seguridad jurídica, concluyó Manuel Llamas Fraga antes de que Ollero concluyera este combate para dar paso a la siguiente batalla.

Combate en defensa del empresario

En este momento de la batalla, el anfitrión pasó de ser moderador a parte en el tercer combate, que giró en torno a la defensa del empresario y que tuvo como púgiles a Francisco Marhuenda, director de este periódico, y al propio Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los gestores administrativos. El formato de batalla cambió, dada la buena relación de los púgiles, y ambos contendientes tuvieron una amena conversación.

Santiago Ollero comenzó preguntando a Marhuenda sobre la importancia de los empresarios y si están valorados o no por la sociedad. Sobre todo se centró en los empresarios que Santiago Ollero llama “de verdad”, los pequeños empresarios y autónomos. “Es un tema complejo y apasionante. Mi madre fue pequeña empresaria, y he visto lo que significa el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo desde pequeño”. Además, por ser catalán, “he vivido en una tierra donde siempre se ha valorado el ser empresario”.

Una gran parte de los españoles tiene esa buena visión del empresario, según el director de La Razón. Desde su experiencia, Marhuenda no ha conocido “a un solo empresario que esté dispuesto a perder a un trabajador valioso”, argumentó Marhuenda.

En opinión de Fernando Santiago, “en España se legisla para las grandes empresas, no para el pequeño empresario”. ¿Cuántos autónomos podían estar al corriente con Hacienda después de la pandemia?, se preguntaba Santiago Ollero. No se tiene en cuenta a la gran masa productiva, sino a las grandes multinacionales, por lo tanto, Santiago Ollero opina que “no se diferencia tampoco en el concepto entre grandes empresarios y autónomos o pequeños empresarios”, pues se les exige lo mismo normativamente a grandes y pequeñas empresas. Marhuenda, en este momento, argumentó que “no todas las administraciones han actuado igual en todos los sentidos”. Las multinacionales son muy importantes para España, no podemos dejarlas de lado y se juega su patrimonio y su dinero igualmente, según Marhuenda. “Los agentes sociales”, destacó Marhuenda, “deberían ser más sensibles a las pequeñas empresas”, pues son éstas las que han sacado nuestro país adelante tras la gran crisis de 2008.

La administración, igualmente, debería cambiar su posición frente a las empresas, en opinión de Santiago Ollero. No sólo en cuanto a la relación burocrática, sino también en la propia comunicación. Los empresarios quieren una normalidad de trato, según Santiago Ollero. “De esta manera, sin castigos ni imposiciones normativas severas, atraeríamos mayores empresas e inversiones”, concluyó Santiago Ollero. Marhuenda, por su parte, concluyó la batalla argumentando que “el empresario quiere un marco seguro, ya sea normativo, tributario, etc., para poder invertir”. En España no existe ese marco, y hoy es difícil ser empresario en nuestro país. Los pequeños empresarios no lo tienen fácil, porque no pueden tomar la decisión de abandonar el país y establecerse en otros países. “En el fondo”, concluyó Marhuenda, “no es una cuestión de pagar más o menos. Es más complicado”.

Combate sobre la digitalización de la administración

La última batalla de la jornada tuvo como contenido la digitalización de la administración. Los contendientes fueron Alberto Martínez Lacambra, director general de red.es, y Ramón Ledesma, responsable de proyectos frente a la Administración del Consejo General. ¿En qué estado nos movemos actualmente en cuanto a la digitalización de la administración?, preguntó Santiago Ollero a los contendientes.

Martínez Lacambra destacó que España “es el 7º país en digitalización, 3º en conectividad, 5º en digitalización de servicios públicos. En estos términos, España está bastante bien”. El 70% de los usuarios hace uso de la administración electrónica. Esto no quita que aún haya que mejorar muchísimo, pues hay un tercio de la población que no puede o no sabe relacionarse digitalmente con la administración.

Las pymes, por otro lado, han de dar un paso adelante en la digitalización. “Gracias al kit digital España ha avanzado de la décima a la séptima posición en digitalización”, destacó Martínez.

Ledesma recogió el testigo de estos datos, aludiendo a que no es el ciudadano quien se relaciona con la administración. “El 80% de los ciudadanos cuenta con un colaborador que le ayuda a relacionarse digitalmente con la administración”, por lo que realmente no es del todo cierto que tengamos una población digitalizada.

A continuación, Fernando Santiago preguntó a Martínez Lacambra qué casos de éxito existen, que puedan ayudar a otras administraciones. “La digitalización ha venido para quedarse”, destacó el ponente. Hoy pesa más la digitalización que la construcción. El director de red.es destacó la implantación del 5G, de la carpeta ciudadana o del kit digital en pymes como casos de rotundo éxito. El kit digital, además “lo empezamos desde cero, y ha sido todo un reto”.

“Gracias al kit digital se han gestionado más de 350.000 trámites, y hay otras 360.000 peticiones en curso”, destacó Martínez Lacambra. Esto, concluyó, “no es ficción, es realidad”. En los últimos años se han hecho más avances En el sector público que en el privado. Si se consigue mantener este compromiso, tendremos una administración ejemplar.

En su turno de palabra, Ramón Ledesma, denunció el abandono de la administración a la figura de los gestores administrativos, algo que llama mucho la atención, al ser estos últimos los principales colaboradores entre ciudadanos y administración. En este sentido, “la colaboración público-privada es una necesidad de primera necesidad e imprescindible”, según Martínez Lacambra.

Sobre los retos de futuro, Martínez Lacambra volvió comentó “la necesidad de la formación para hacer efectiva esta digitalización, que hoy acumula el 22% del PIB. Necesitamos también especialistas”. También hay que visualizar la inteligencia artificial y estar implicados en este sector. Otro reto principal es la colaboración público-privada, según Martínez Lacambra.

Ramón Ledesma estableció “tres retos, a corto, medio y largo plazo: primero, atender la cita previa, que hoy es imposible. A medio plazo, el reto es generar confianza en el servicio público administrativo. En este sentido, los gestores administrativos pueden ayudar a la administración, y para ello hemos propuesto aprobar una ley de colaboración. Y, por último, a largo plazo debemos mejorar en la herramienta de contratación de nuevo personal y, por otro lado, la herramienta contratación de servicios”.