El Gobierno acelera para aprobar el permiso parental remunerado de ocho semanas antes de que le cueste a España 43.000 euros diarios de multa

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido formalmente incluir en el orden del día de la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) la aprobación de la retribución de al menos cuatro semanas de las ocho del permiso parental hasta los 8 años, así como el Estatuto del Becario.

El permiso parental retribuido debería ser una realidad en España desde hace más de dos años. Sin embargo, el Gobierno sigue sin cumplir con los plazos, pese a que la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo obligaba a remunerar los permisos parentales por cuidados.

En este sentido, el incumplimiento al no remunerar al menos cuatro de las ocho semanas del permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años le costará a España más de 10 millones de euros como reconocía en junio pasado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Ese sería el importe estimado de la sanción que la Unión Europea impondrá a España por el retraso en la retribución del permiso parental -frente al plazo obligatorio que acababa el 2 de agosto de 2024-, una cantidad que se ha agravado frente a los siete millones que estimaba Trabajo en agosto de 2024.

Pronto de los 9.000 euros diarios de sanción se pasará a 43.000 euros de multa al día.

En el caso de los permisos parentales, que incluirían también la ampliación de 16 a 20 semanas del que se disfruta tras el nacimiento o adopción, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha recalcado que su intención es que se puedan empezar a disfrutar en septiembre.

El permiso de ocho semanas para dedicar al cuidado de los hijos hasta que cumplen ocho años ya está recogido en la ley de familias, pero se dejó pendiente su retribución, obligatoria al menos para la mitad del permiso (cuatro semanas) según la mencionada normativa europea.

Díaz también ha reclamado la aprobación inmediata del Estatuto del Becario, una norma pactada con los sindicatos UGT y CCOO que quedó paralizada por el adelanto electoral a julio de 2023.

El estatuto pretende dotar de derechos al colectivo con la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones, así como el establecimiento de multas para las empresas que incumplan.