El Gobierno prepara una plataforma estatal para controlar los pisos turísticos

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana va a trabajar en la creación de una plataforma única estatal mediante la cual, controlar y combatir el fraude que se produce en el mercado de los pisos turísticos. Así, a través de esta iniciativa, que esperan que esté lista antes de que finalice el año próximo, se unificarán datos, estudios y normativas en materia de vivienda destinada al turismo, para poder identificar qué es lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y disponer de una mayor agilidad para perseguir estas irregularidades. Además, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, esta plataforma ofrecerá datos públicos y homologables con la UE acerca de pisos turísticos, alquiler de temporada o alquiler de habitaciones.

El desarrollo de esta plataforma surge en base al Reglamento europeo que regula el fenómeno de los servicios de alquiler de corta duración, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Así, con esta medida, España pasaría a ser uno de los primeros países que conforman la UE en emprender dicho proceso. "Nos han dado dos años para hacerlo, pero nosotros queremos ser uno de los primeros países en poner en marcha esta plataforma". Así lo ha explicado este viernes la propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, previamente a la Conferencia Sectorial, que cuenta, además de con las comunidades autónomas y de sus responsables de Turismo, con la participación del Ministerio de Industria y Turismo y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En ella iban a tratar el problema que el impacto de los pisos turísticos genera sobre la vivienda residencial, tanto en los precios como en su oferta.

Ante esta situación, la medida puesta en marcha, permitirá, en palabras de la titular de Vivienda, un mejor diagnóstico, la implementación de herramientas y la persecución del fraude en un sector, en el que ha destacado que hay mucha "alegalidad", y cuya proliferación está reduciendo la vivienda en alquiler de uso residencial, además de provocar un aumento de los precios.

Al amparo de la reciente normativa Europea

En cuanto a la normativa europea, la ministra ha explicado que pretende disponer de mejores datos para combatir este fenómeno y poder perseguir así el fraude homologando la gestión de los alojamientos turísticos –aquellos temporales con una duración inferior a un año así como los de habitaciones–, siempre y cuando se formalicen por medio de las plataformas creadas para ello, como puede ser el caso de Airbnb, por ejemplo.

De esta manera, lo que se busca conseguir es una uniformidad de datos entre todos los Estados miembros, e incluso dar un paso más con la ayuda de la Inteligencia Artificial, para perseguir el fraude.

Reducen la oferta y encarecen los precios

En el marco del encuentro sectorial de este viernes, Rodríguez ha propuesto hacer uso de la conferencia multilateral para la implementación de esta plataforma. Vivienda espera la colaboración de las comunidades autónomas en esta iniciativa y ha recalcado que el auge de este tipo de alojamientos está limitando la oferta, encareciendo los precios y afectando al acceso a la vivienda. "Tengo confianza en este foro", ha subrayado la ministra.

Posteriormente a la reunión, el departamento que lidera Rodríguez ha emitido un comunicado destacando algunos puntos en los que ha derivado el encuentro. Sabemos así que la ministra ha anunciado a los consejeros autonómicos que, junto al Ministerio de Industria y Turismo, adelantarán el cumplimiento del reglamento europeo que recoge los datos de pisos turísticos, lo que permitirá crear la plataforma estatal con las comunidades para compartir datos y normativas sobre estos alojamientos con el fin de luchar contra el fraude.

Una iniciativa que habría contado con el respaldo de la mayor parte de autonomías. Atendiendo a lo expuesto en el comunicado, los representantes de las comunidades "han dado la bienvenida al Registro Estatal y, en su mayoría, han pedido que la propuesta conjunta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Industria y Turismo se ponga en marcha cuanto antes".

Sin embargo, también se han producido algunas discrepancias por parte del primer partido de la oposición. En concreto, han habido varios consejeros autonómicos del PP que han coincidido en que el problema de los pisos turísticos "es culpa" de la "nefasta" Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, que, según han dicho, ha provocado una situación "desastrosa".

En esta línea, la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha afirmado que el Ministerio de Vivienda "no es competente en materia de vivienda turística", alegando que la ley ha retirado vivienda del mercado.

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha apuntado que su región rechaza "una intervención feroz" del Gobierno "en cuanto a las viviendas turísticas".

Mientras tanto, el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de Extremadura, Manuel Martín, ha asegurado que en su región no hay un gran problema con los pisos turísticos, ya que, según sus palabras, este tipo de vivienda sólo abundan en Cáceres y Mérida. En cambio, sí ha querido señalar a la Ley de Vivienda, sobre la que ha afirmado que "espanta a los arrendadores" que la dedican al "alquiler tradicional".

Más allá de estas críticas por parte del Partido Popular, lo que ha defendido la ministra de Vivienda en relación al proceso emprendido es que "debemos abordar la proliferación en nuestro país de los alojamientos turísticos y poner en marcha medidas e iniciativas para priorizar el uso de la vivienda como residencial cuando esta se sienta amenazada". Siguiendo esta misma línea, también ha declarado que "frente a cualquier otro uso va a primar siempre el residencial. Cuando se siente amenazado ante el abuso de otros usos, las administraciones tenemos que actuar para dar respuestas".

En este sentido, y a modo de ejemplo, la ministra ha apuntado que "entre 2010 y 2018 se produjo un incremento muy significativo del 80% en este tipo de alojamientos, coincidiendo con el nacimiento de las plataformas turísticas". Por ello, ha abogado por dar transparencia y seguridad a estas fórmulas, además de hacerlas compatibles con el acceso a la vivienda. Todo ello sin olvidar la gran importancia que tiene el sector turístico, sostenible y desestacionalizado, según ha trasladado.

No es la primera vez que Isabel Rodríguez se pronuncia sobre esta problemática y desvela su postura, de hecho, ya se ha mostrado en varias ocasiones partidaria de limitar los alojamientos turísticos en zonas tensionadas respetando las competencias autonómicas. Y lo cierto es que no sólo mantienen esta posición desde el Ejecutivo, el sector turístico también denuncia el impacto que estos excesos están teniendo y reclama una ley estatal que permita controlar el desbocado crecimiento de los pisos turísticos.

Por su parte, desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) piden a todas las administraciones que actúen con responsabilidad y sin ideología ante "la crisis habitacional más grave de los últimos 50 años", añadiendo a su vez que, tras la Ley de Vivienda, calculan un retroceso del parque de alquiler del 30% y un alza de precios del 12%.