Unión Europea
Grecia pisa el acelerador para lograr un acuerdo con la UE
El Ejecutivo griego obliga a los gobiernos locales a transferir reservas al banco central para evitar la quiebra.
Se avivan tanto las negociaciones con Grecia como la urgencia financiera del país. La Comisión Europea (CE) aseguró que los trabajos «se han intensificado», al tiempo que el Ejecutivo heleno obliga a los gobiernos locales a transferir todas sus reservas al Banco Central para evitar la bancarrota. «El trabajo continúa tanto a nivel político como técnico. Como habíamos reclamado el jueves pasado, el trabajo se ha intensificado ahora», afirmó ayer el portavoz comunitario, Margaritis Schinas, en alusión a las tareas técnicas del denominado «Grupo de Bruselas», formado por la antigua troika, que se ha reunido a diario desde el sábado pasado para acelerar la elaboración de un plan completo de reformas. La CE volvió a insistir en la necesidad de llegar con avances notables al Eurogrupo informal del viernes en Riga, «la próxima oportunidad para que los ministros de Finanzas de la eurozona evalúen la situación». Para ello ha hecho falta «trabajar las 24 horas del día», como indicó Schinas en la rueda de prensa diaria de la comisión.
El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Poul Thomsen, también coincidió en ese nuevo «impulso» en las negociaciones. «Eso es un buen progreso y genera esperanza», apuntó el portavoz del Fondo en una entrevista al diario alemán «Handelsblatt», aunque matizó que «todavía estamos lejos de la meta». En caso de no alcanzar un acuerdo en Riga, se incumpliría la fecha límite de finales de abril para alcanzar un consenso, pactada por Grecia y los acreedores en el acuerdo del pasado 20 de febrero para prorrogar el rescate al país cuatro meses.
Desde Bruselas se ha quitado importancia a esa cita prevista para dentro de tan sólo dos días. El propio comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, señaló que, en caso de no lograr un consenso, se podría celebrar un Eurogrupo el 11 de mayo, justo un día antes de que Grecia tenga que desembolsar 747 millones de euros al FMI. La devolución más inmediata está fechada para el 1 de mayo, cuando deba pagar 203 millones al Fondo. En ese esquema de fechas y cifras, al Gobierno heleno no le cuadran las cuentas y se ha visto obligado a lanzar un decreto por el que fuerza a las administraciones locales a transferir todas las reservas al Banco Central de Grecia.
«La regulación se ha aplicado debido a las extremadamente urgentes e imprevisibles necesidades», según el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado. La operación podría generar alrededor de 2.000 millones de efectivo adicional, informó Bloomberg, citando a fuentes familiarizadas con la cuestión. Esa cantidad serviría para hacer frente al pago de salarios, pensiones y obligaciones de deuda hasta mediados de mayo, pero la urgencia de solvencia persistiría más adelante. Así lo corrobora un funcionario del Banco Central heleno. «Llevamos varias semanas usando fondos de entidades públicas, pero en los últimos días los trámites para conseguir dinero de donde sea se han multiplicado. No podemos aguantar demasiado tiempo más con esta dinámica», cuenta el empleado de la banca en declaraciones a LA RAZÓN.
A pesar de que Grecia ha reiterado su compromiso por cumplir con los plazos y acuerdos de deuda firmados, también ha aseverado su intención de mantener unas «líneas rojas». En materia laboral los prestamistas exigen la liberalización completa del despido en el sector privado, mientras que el Gobierno anunció la subida gradual del salario mínimo a partir de octubre, además de restaurar los convenios colectivos. El diario local «Proto Thema» publicó ayer la posibilidad de crearse contratos «eficaces» con salarios establecidos de acuerdo a las condiciones del mercado, con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En cuanto a los cambios en la Seguridad Social, los acreedores piden un recorte de las pensiones, algo a lo que se opone de pleno el Ejecutivo izquierdista, que trabaja en el diseño de una enmienda para recuperar la decimotercera paga a los pensionistas. Como contrapartida, Atenas puede limitar las prejubilaciones a los 60 años, sobre todo entre los funcionarios y banqueros, y a excepción de las madres con menores a su cargo.
En lo que a las privatizaciones respecta, el propio ministro de Finanzas heleno, Yanis Varufakis, ya ha dejado entrever en varias ocasiones que esos procesos de venta continuarán, aunque con una menor inversión de los compradores, y parte de los intereses se destinarán a fondos para evitar el recorte de pensiones.
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