Hacienda presiona para que se apruebe en el Congreso su nueva subida fiscal

El Gobierno pisa el acelerador para sacar adelante sus planes de reforma fiscal con los que poder activar los Presupuestos Generales del Estado.

A tal efecto, ha activado a mediados de semana la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para comenzar a debatir el proyecto de ley que establece un impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales y la opción de que se mantenga el impuesto extraordinario a la banca mientras se deja decaer con el cambio de año el aplicado a las energéticas pese a la enmienda 37, presentada por Bildu, que pretende establecer un impuesto sobre el beneficio operativo en la actividad del sector de la energía con efecto desde enero de 2024.

El texto original de la ley que envió el Gobierno y las enmiendas que los grupos presentaron para modificar al articulado, registradas el pasado 30 de octubre, se analizaron a puerta cerrada en la ponencia de la comisión, donde se buscó llegar a acuerdos que puedan incorporarse a la norma.

El objetivo es debatir cuanto antes en el Pleno del Congreso la aprobación de estas medidas aunque la Comisión de Hacienda podría remitirlo a la Cámara Alta directamente saltándose el Pleno. La mayoría del PP en el Senado podría retrasar 20 días la proposición de ley y la Mesa del Senado, gracias a la última reforma del reglamento realizada para postergar la aplicación de la Ley de Amnistía, dilatarla un par de meses.

Para llegar al Senado, el Gobierno tiene que pasar primero el corte del Congreso de los Diputados, donde aún no está claro que disponga de los apoyos necesarios.

Las enmiendas del PSOE no implican –«a priori»– complicaciones pues añaden una serie medidas fiscales como reformar el Impuesto de Sociedades, eliminar desde el 1 de abril de 2025 la bonificación que tenía el diésel frente a la gasolina –sin afectar al gasóleo profesional–, subir la fiscalidad del tabaco e introducir nuevos tributos a vapeadores o plataformas como Airbnb.

Además, se incluyen medidas para exigir el pago anticipado del IVA de los hidrocarburos y así luchar contra el fraude que generan los «missing traders» durante la importación.

La proposición de ley incluye el pacto suscrito con el PNV para convertir el gravamen a la banca en un impuesto sobre el margen de intereses y las comisiones de las entidades, para que las haciendas forales puedan gestionarlo y permita al propio PNV negociar y sacar partido para el País Vasco con la posibilidad de suavizar el mismo. Este gravamen tendría carácter progresivo del 1% al 6% en función de la base liquidable y permitiendo la deducción del 25% de la cuota de Sociedades.

En cualquier caso, hay serias dudas de la constitucionalidad de esta imposición adicional a las entidades financieras. Esta misma semana, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calificó este nuevo impuesto de ser una «multa» a un sector que no goza de la simpatía del Gobierno.

De ahí, señala Fedea, la «vía poco ortodoxa» de tramitación para evitar los informes preceptivos tanto de los ministerios competentes como de otros órganos consultivos, como el Consejo de Estado, que «difícilmente podrían evitar plantear objeciones de calado a una propuesta de más que dudosa constitucionalidad».

Estos acuerdos cerrados con PNV y Junts dejan fuera de juego al resto de socios que, como Bildu, Sumar, Podemos o ERC, quieren mantener el impuesto a las energéticas. Sumar estima una recaudación de 2.900 millones de euros al año en dos sectores que, según la formación que lidera Yolanda Díaz «tienen beneficios extraordinarios». Díaz sigue necesitando un golpe de efecto tras la crisis del «escándalo Errejón». ERC y Bildu proponen incluso un aumento en el tipo impositivo .

El PNV exigía introducir deducciones que le permitieran también sacar partido, pero Junts optó por no apoyar el tributo a las energéticas si perjudicaba una inversión de 1.100 millones en Tarragona por parte de Repsol, que amenazó con paralizar las inversiones. Ante el caos de la coalición de Gobierno, PP y Vox tienen la llave para paralizar todo el paquete de enmiendas y parte de las medidas.