Industria presiona para que Hacienda asuma 2.000 millones del agujero eléctrico

Unos 2.000 millones de euros tienen la culpa de la penúltima divergencia pública entre Industria y Hacienda, o lo que es lo mismo, entre sus ministros, José Manuel Soria y Cristóbal Montoro, respectivamente, cuyos desencuentros se reeditan por estas fechas estivales y siempre con la eterna reforma energética como telón de fondo. No se habían cumplido unas horas desde que Soria anunciaba en Onda Cero que tenía cerrado con Hacienda el reparto del déficit eléctrico que asumiría el Estado –en concreto, la mitad de los 4.000 millones de desajuste previstos para este año– cuando desde el departamento de Montoro se aseguraba que aún no había una decisión adoptada.

La importante matización deja en el alero la posibilidad de que la reforma se lleve mañana al Consejo de Ministros, pese a que desde Industria se insiste en que la batería de recortes a los costes regulados, proyectos de ley y reales decretos en que se desgranará la normativa «está lista».

La divergencia sobre cuál será la parte del déficit de tarifa –la diferencia entre ingresos y gastos del sistema eléctrico, que se ha disparado en los últimos años por las primas que reciben las energías renovables– que asumirán los Presupuestos Generales del Estado podría retrasar la aprobación de la totalidad de reforma. Según señalan fuentes del sector a este diario, mañana podrían aprobarse el paquete principal y dejar para más adelante todo el tema presupuestario, incluso para septiembre, una idea que no resulta descabellada en Hacienda, donde no parece haber ninguna prisa por asumir esa parte del agujero eléctrico.

En cualquier caso, según las fuentes del sector consultadas, la reforma que ha diseñado en solitario y con un hermetismo inusual el secretario de Estado de Energía, Álberto Nadal, contempla un nuevo recorte a las grandes eléctricas de entre 700 y 800 millones en la distribución y el transporte, y unos 1.000 millones de recortes a las primas de renovables.

El resto, entre 200 y 300 millones, hasta alcanzar la mitad del desajuste, lo asumirían los consumidores en la tarifa, lo que implicará una subida inapreciable del recibo de la luz (no superior al 1,5 por ciento).

Este reparto asume que los PGE recogen esos 2.000 millones de desajuste. Pero, ¿qué ocurrirá si Montoro considera que la situación presupuestaria y los objetivos de déficit no permiten cargar con 2.000 millones de deudas eléctricas? Pues que Soria y su secretario de Estado deberán reformular las medidas para asumir esa cantidad, que tendría que repartirse entre el conjunto del sector y los consumidores. Además, la reforma «limpiará» de paja la factura eléctrica, donde se acumulan desde hace 50 años impuestos de todo tipo que suponen casi la mitad del recibo, y regulará el autoconsumo con balance neto, que llevará incluidos una serie de peajes por el uso de la red.

Industria defiende el reparto de las cargas del déficit de tarifa eléctrico entre todas las partes porque de lo contrario sería necesaria una subida de entre el 15-20% del recibo de la luz para acabar con el desajuste a través de la liberalización total del sector.

Por su parte, el sector eléctrico denuncia la presión de varios fondos de inversión estadounidenses con intereses en el sector renovable para que energías con generación más cara que las tradicionales asuman el coste del agujero eléctrico.