Carburantes
La apuesta por el diésel sigue viva pese a los ataques
Para el 63%, quienes animaron su compra deben responder por ello; si bien muchos desconocen el efecto contaminante real del gasóleo
No hace tanto de aquellos tiempos en que a políticos y organismos reguladores se les llenaba la boca prodigando las virtudes del motor diésel. A finales de los noventa y principios de los dos mil, estos aparatos de factura germana eran la joya de la automoción europea. Durante años fueron regados con ayudas y ventajas fiscales que hicieron del combustible con que se alimentan un producto históricamente más barato que la gasolina. Hoy, las tornas han cambiado por completo. Desde que la Organización Mundial de la Salud confirmó su efecto cancerígeno, el diésel se ha convertido en poco menos que un proscrito. Un apestado que comienza a ser perseguido con dureza por la legislación de todo el mundo. En España, el brusco «tasazo» impuesto por Sánchez,aparte de suponer un impacto sin precedentes en la mitad del parque móvil del país, acabará con el combustible «asequible» para los conductores nacionales y fundamental para muchos profesionales que dependen de sus vehículos para trabajar. Eso sin contar las prohibiciones de acceso y circulación que se ciernen sobre los diésel en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. La persecución no cesa, pero los ciudadanos no parecen estar de acuerdo con semejantes restricciones. Según la encuesta de NC Report, el 67% de los interpelados se muestran contrarios a los impuestos sobre los coches diésel, y sólo un 26% los apoyan. Curioso resulta asimismo el desconocimiento social sobre su impacto contaminante: un 42% cree que el diésel emite más CO2 que la gasolina, cuando en realidad ocurre lo contrario. Además, 6 de cada 10 encuestados consideran que deberían exigirse responsabilidades a quienes animaron la compra de ese tipo de motores. Y un 57,3% apuesta por hacer pagar el impuesto de circulación a quienes no puedan sacar sus coches del garaje. En definitiva, con semejantes resultados quizás debiera replantearse la fórmula de reconversión de la movilidad en España más allá del «decretazo».
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