La UE flexibilizará las reglas de ayudas estatales para la banca

Todos de acuerdo. Por esta vez, el Banco Central Europeo (BCE) encontrará un aliado en la Comisión Europea. Las dudas expresadas por el presidente del banco emisor, Mario Draghi, respecto a que la normativa comunitaria sobre ayudas públicas, han recibido respuesta afirmativa por parte del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, para que no pongan nuevas trabas al sector financiero si se necesitan fondos estatales.

El también vicepresidente de la Comisión informó ayer de que si lo que está en riesgo es la estabilidad financiera, utilizará las excepciones que ya permiten las nuevas reglas que obligan a asumir pérdidas a accionistas y preferentistas de los bancos que reciban ayudas públicas.

El asunto es serio pues, antes de que el BCE se lance a hacer el análisis de los 130 bancos que pasarán a estar bajo su control con el nuevo Mecanismo Único de Supervisión, Draghi ha querido dejar atados todos los cabos sueltos.

Con fecha de 30 de julio y dirigida al comisario de Competencia, el presidente del BCE envió una carta en la que sostiene que imponer pérdidas a los acreedores de 'bonos junior' --aquella deuda no

garantizada-- que se ven involucrados en "recapitalizaciones de precaución"podría afectar a los bonos de bancos subordinados.

Draghi advierte en la carta de que, "al perjudicar estructuralmente al mercado de deuda subordinada, podría producirse una fuga de inversores fuera del mercado bancario europeo". Esto "podría dañar más el financiamiento de los bancos a futuro", alerta.

En otras palabras, el italiano teme que las nuevas reglas sobre ayudas públicas a la banca, que entraron en vigor el pasado 1 de agosto, puedan provocar una fuga de inversores al perjudicar estructuralmente al mercado de deuda subordinada.

El mensaje ha quedado claro a Almunia, quien admite ahora que la regla de que si un banco necesita ayudas públicas hay que aplicar quitas a accionistas y preferentistas, no es automática. "Cuando la estabilidad financiera lo requiera, hay una excepción prevista en las reglas", explicó ayer el portavoz de Competencia, Antoine Colombani.

Las normas tampoco contemplan una quita cuando ésta sea "desproporcionada"en relación a la cantidad de ayuda pública recibida, avanzó.

De hecho, este portavoz comunitario recalcó que la cooperación entre la Comisión y el BCE es "muy estrecha"para "identificar por adelantado"cualquier cuestión ligada a la aplicación de las nuevas normas.

La realidad se impone así a lo pactado por los ministros de Economía en julio pasado, cuando se decidió que el peso de las ayudas públicas al sector bancario que sufra quiebras o casos de insolvencia, debe ser traspasado de los contribuyentes a los accionistas y tenedores de la deuda subordinada. La carga compartida entre accionistas y bonistas junior sería necesaria en caso de que el banco estuviera al borde de la quiebra o su capital haya caído por debajo del umbral mínimo contemplado.

No obstante, el BCE plantea que si un banco es viable pero su nivel de capital es inferior a este mínimo marcado por las nuevas leyes europeas, tendría que obtener fondos adicionales.

En este supuesto, el BCE sostiene que el banco tendría que recibir ayudas estatales siempre y cuando no pudiera recabar dichos fondos de los mercados con la velocidad requerida, y dichas ayudas, en este caso, no tendrían que recaer en primera instancia sobre los tenedores de deuda subordinada. Para que esto se cumpla, Draghi propone incentivar que el banco recurra a los mercados para suplir ese agujero de capital, en detrimento de aceptar las ayudas públicas.