Los puntos negros del mercado laboral

La brecha entre fijos y temporales, la baja productividad de algunas empresas o la escasa efectividad de las políticas activas obligan a dar una vuelta de tuerca a la última reforma.

La economía española continúa viento en popa. Y a toda vela. Creció un 0,8% en el primer trimestre del año –un 3% en tasa interanual–, y el PIB ya ha recuperado los niveles previos al estallido de la crisis. Avanzará una media del 2,5% hasta 2020, lo que reduciría la tasa de paro hasta el 11,2% de la población activa dentro de dos años y medio.

Lejos de que el paro registrara en abril su mayor caída mensual de la historia, hasta los 3.573.036 desempleados, de los datos de la última EPA se desprende que, en el primer trimestre del año, el número de parados se redujo en 536.400 personas respecto del mismo periodo del pasado ejercicio, y que prácticamente la mitad de los nuevos contratos de asalariados fueron indefinidos –en su gran mayoría a tiempo completo–.

La Cámara de Comercio de España augura que este año se crearán cerca de 410.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro podría bajar del 18% por primera vez desde 2009, situándose en torno al 17,6% de la población activa. Es verdad que el tirón de la economía tiene mucho que ver. Pero también lo es que la reforma laboral ha dado sus frutos, aunque la Comisión Europea ha recomendado esta misma semana darle una vuelta de tuerca.

Dualidad

El nuevo marco normativo ha impulsado, en cierta medida, la contratación indefinida, pero la brecha entre fijos y temporales continúa siendo uno de los principales problemas.

Un 56,5% de los jóvenes en España tiene un contrato temporal, frente al 32,4% de la media de la UE. Los expertos remarcan la necesidad de acercar los costes de contratación y despido, y creen que, quizá, lo más conveniente sería fijar una indemnización única para el primer año de empleo (12 ó 15 días, por ejemplo) y, a partir del segundo año, todos a 20 ó 33, dependiendo de si el despido es procedente o improcedente.

En este sentido, Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, afirma que si España tiene una tasa de temporalidad por encima de la media europea se debe tanto a la legislación laboral flexible en materia de contratación como a que el sistema productivo esté centrado en el turismo y en los servicios.

Sagardoy admite que en nuestro país existen unas cuantías elevadas en materia de despido improcedente, pero añade que no ocurre lo mismo en cuanto a los despidos derivados de la crisis económica se refiere, donde estamos muy cerca del resto de Europa. «Lo que sí convendría sería equiparar las indemnizaciones por terminación de contratos temporales e indefinidos para favorecer un mayor uso de los contratos de larga duración». El presidente de Sagardoy Abogados revela que habría que buscar una mayor estabilidad en el empleo a través de cuatro vías: reduciendo las modalidades de contratos temporales, limitando su duración, equiparando las indemnizaciones entre contratos temporales e indefinidos, y estableciendo un sistema de mochila austríaca.

Hacer frente a la dualidad del mercado laboral debería ser uno de los retos prioritarios. Aunque en España casi tres de cada cuatro contratos de trabajo sean indefinidos, hay un problema importante con aquellos trabajadores, generalmente poco cualificados, que sólo son capaces de encadenar contratos temporales, sin expectativas de cambio, frente a otro grupo de empleados más acomodados y, en muchos casos, protegidos en exceso que en ocasiones no sigue en su puesto de trabajo por su valía, sino por el coste que conllevaría su despido. Es decir, en las empresas conviven trabajadores de primera con empleados de segunda.

Pese a que siempre suela achacarse a la estacionalidad de la economía, la temporalidad no sólo está presente en el sector servicios, sino que se extiende a la educación, a la sanidad... Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, considera que, por un lado, debería incrementarse la actividad inspectora, ya que en general la legislación es clara en cuanto a los límites de la contratación temporal, pero habitualmente se abusa de ella y se incumple la normativa de forma permanente. Por el otro, aboga por valorar la reducción de los tipos de contrato y, en última instancia, plantearse el contrato único. No obstante, más allá de esa dualidad, en el mercado laboral persisten problemas de competitividad, productividad, tamaño de las empresas...

Al margen de esta brecha, Martínez señala el paro juvenil y de larga duración –dos de los colectivos que aglutinan la mayor parte de los parados–; la mejora de las políticas activas de empleo –el Sepe sólo concentra el 2% de las colocaciones–; y el cambio en el diseño de prestaciones para no desincentivar la búsqueda de trabajo como las principales asignaturas pendientes.

Si bien es cierto que el objetivo prioritario de la reforma laboral fue flexibilizar el mercado de trabajo para frenar la destrucción de empleo y que, en ese sentido, se ha conseguido; también lo es que el sueldo anual en España es un 15% inferior a la media de la UE y que el nuestro es el segundo país de la Unión con más subempleo –el 7,7% de los trabajadores españoles querrían trabajar más horas de lo que lo hacen–. Ha llegado el momento de luchar contra la precariedad y de crear, además de más, mejor empleo. Pero derogar la reforma laboral, como propone el PSOE, sería contraproducente para nuestro mercado de trabajo. «Comenzaríamos a destruir trabajo de forma paulatina y se generaría un retroceso de los avances conseguidos en los últimos años. Hemos modernizado y adaptado nuestra legislación laboral a las necesidades de las empresas. Una vuelta atrás sería nefasta para atraer inversiones y generar empleo», advierte el presidente de IMF Business School.

A pesar de las más de 50 reformas laborales acometidas desde 1980, la tasa de paro estructural española ha duplicado históricamente a la de la UE. El comportamiento del mercado de trabajo en España es anómalo tanto durante las fases recesivas como a lo largo de los ciclos expansivos, debido fundamentalmente a un marco institucional y regulatorio inadecuado para la capacidad estructural de la economía española. Y BBVA Research, en uno de sus informes, considera que hay que reformar el sistema de protección al empleo, modernizar la negociación colectiva, disminuir la presión fiscal y mejorar las políticas activas y las pasivas.

Más medidas

El mercado laboral requiere de medidas extraordinarias orientadas a la mejora de la empleabilidad, la coordinación entre el modelo educativo y el tejido productivo, el aumento de la competitividad, la equiparación laboral entre hombres y mujeres... El último monográfico elaborado por Asempleo y Afi analiza la situación en la que se encuentra España respecto a las metas fijadas por Bruselas de cara a 2020 en materia laboral. Según este informe, España está aún lejos de cumplir con los objetivos, por lo que resulta necesario mejorar la empleabilidad de los trabajadores mediante la prevención del abandono escolar, el impulso de la formación superior y el esfuerzo en I+D. Y es que para lograr los retos, en los próximos dos años y medio la tasa de empleo debería escalar hasta el 74% –desde el 64% registrado en 2016–, la tasa de abandono escolar temprano tendría que situarse en el 15% –frente al 19% del pasado año–, la proporción de población con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años debería aumentar desde el 40% del pasado ejercicio hasta el 44% y el gasto en I+D tendría que ser equivalente al 2% del PIB, ocho décimas superior al 1,2% que se registró en 2015 (último dato disponible).

Mayor coordinación

La Comisión Europea insta a aprovechar el momento económico y la innegable mejora cuantitativa de la ocupación para conseguir un modelo de formación para el empleo que actúe como factor de estabilidad en el trabajo y de mejora de la flexibilidad y la competitividad. De hecho, una de sus recomendaciones para España es la de incrementar la coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas para satisfacer los requerimientos de los parados. Una sugerencia que respalda Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, quien destaca la necesidad de buscar la fórmula para interconectar las políticas activas con las pasivas y las competencias autonómicas con las del Estado.

Pérez opina que las políticas activas deberían centrarse en la eficacia, en aportar experiencias de empleo y en mejorar la empleabilidad, lo que a la postre liberaría recursos de las políticas pasivas que a su vez podrían reinvertirse en políticas activas más efectivas. Asimismo, achaca la poca eficiencia –medida en capacidad de contratación– de las políticas activas a la falta de conexión y cooperación que existe entre los operadores públicos y privados, y asegura que ésta es una de las recomendaciones más reiteradas por la CE.