Los retos económicos de 2018

Durante los últimos cuatro años, la economía española ha crecido alrededor de un 10,2% y ha creado casi dos millones de nuevos empleos. Asimismo, hemos sido capaces de disminuir en cerca de cuatro puntos del PIB nuestro déficit. Las cifras, aunque susceptibles de mejora (Irlanda ha crecido un 48% durante ese mismo período), son muy positivas. Cada ejercicio que crecemos por encima del 3% generamos entre 450.000 y 500.000 nuevos puestos de trabajo y reducimos nuestro déficit público entre 1 y 1,5 puntos del PIB, lo que significa que todavía hemos de expandirnos otros cuatro años a las tan aceleradas tasas actuales para regresar a la situación de paro y de desequilibrio presupuestario previa a la crisis.

El principal reto económico para 2018 es, por tanto, mantener el crecimiento por encima del 3%. Ningún organismo internacional prevé, de momento, que lo vayamos a conseguir: el propio Gobierno, de hecho, anticipa una mucho más moderada expansión del 2,3%. Sin embargo, tengamos presente que lo mismo sucedió en 2016 y 2017: tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea nos pronosticaban crecimientos por debajo del 3% y, finalmente, el dinamismo de la economía española terminó sorprendiendo a propios y extraños.

Con todo, este año los riesgos probablemente sí sean mayores que en los ejercicios anteriores, tanto por las amenazas internas como externas. Entre las internas cabe citar la inestabilidad institucional que estamos experimentando como consecuencia de la unilateralidad secesionista del nacionalismo catalán. El propio Banco de España ha alertado de que una prolongación de las tensiones políticas en la región podrían afectar no sólo a la economía autonómica sino a la del conjunto del Estado. A su vez, entre las externas hay que mencionar el riesgo de subida de tipos de interés: aunque las palomas del Banco Central Europeo continúan resistiéndose a ello, cada vez va siendo más urgente restablecer las tasas de financiación a niveles menos propensos a generar burbujas; y un encarecimiento del coste de nuestras deudas podría impactarnos negativamente. La mejor manera de contrarrestar estas amenazas que ponen en riesgo la creación de empleo y la reducción del déficit es dándole un impulso a la economía con una profunda liberalización de los mercados y con una intensa rebaja tributaria.

El segundo gran reto del año, más allá de consolidar un ritmo de crecimiento suficientemente alto, será volver ese crecimiento mucho más inclusivo: aunque es verdad que el aumento del PIB termina a largo plazo redundando en beneficio de todos, a corto-medio plazo los frutos del mismo no llagan a muchos sectores de la sociedad; muy en especial a toda aquella masa de trabajadores que encadena sistemáticamente contratos temporales y mal pagados (no olvidemos que, de los casi dos millones de empleos creados en los últimos cuatro años, la mitad han sido temporales). También aquí es fundamental pisar el acelerador de las reformas estructurales: que el mercado de trabajo español funcione tan sumamente mal como para excluir de empleos de calidad a aproximadamente un tercio de la población activa no es un fatídico fruto del destino, sino de la hiperregulación laboral. Más de un lustro después de la reforma laboral de Rajoy, sería muy positivo que en 2018 le diéramos una nueva vuelta de tuerca a la misma.

En definitiva, España está atravesando actualmente un momento dulce desde un punto de vista económico. Siendo así, ¿qué podemos pedirle a 2018? Pues que esta fase expansiva se prolongue al menos otro ejercicio más y que el intervencionismo de nuestros políticos, patronales, sindicatos y lobbies diversos no impidan que sus beneficios alcancen al conjunto de la población.

Subida del salario mínimo

Este pasado viernes, el Gobierno aprobó la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 736 euros mensuales (en 14 pagas). En principio, podría parecer que estamos ante una medida dirigida a promover ese tipo de crecimiento inclusivo que tanto necesita España: a saber, conseguir que la bonanza que hemos venido experimentando en los últimos años también alcance a aquellos trabajadores peor pagados dentro de nuestro mercado laboral. Sin embargo, no deberíamos confundir las presuntas motivaciones detrás de una medida con sus auténticos efectos: incrementar el salario mínimo legal no es, en términos generales, una forma de mejorar la remuneración de los trabajadores, sino de dificultarles el acceso al mercado laboral. A la postre, todas aquellas personas incapaces de generar unos ingresos dentro de la empresa superiores a 736 euros mensuales (en realidad, a 1.250 euros mensuales, pues hay que incluir otros costes que también soporta el empresario aparte del salario mínimo) se verán estructuralmente expulsados del mercado de trabajo. Más que crecimiento inclusivo, el salario mínimo es crecimiento exclusivo.

Cara y cruz del ladrillo

2017 ha sido otro ejercicio en el que la recuperación del mercado inmobiliario se ha consolidado. De acuerdo con los últimos datos de Tinsa, referentes al mes de diciembre, los precios de la vivienda se han expandido un 4,2% en el conjunto de España, ubicándose un 38,3% por debajo de los máximos pre-crisis. La cara de esta mejoría la encontramos en la Comunidad de Madrid, donde los precios han aumentado un 15,1% (sólo Navarra la supera ligeramente, con un 15,3%). La cruz la ubicamos, por el contrario, en Cataluña, donde los precios aumentaron casi la mitad que en Madrid. Con todo, lo verdaderamente llamativo es que, hasta el tercer trimestre de 2017, el mercado inmobiliario catalán era el que más se estaba expandiendo en todo el país; en el cuarto trimestre –coincidiendo con la unilateralidad del procés–, empero, experimentó un frenazo en seco (tan es así, que los precios de la vivienda cayeron un 1,7% en Barcelona durante este último trimestre).

Adiós al déficit excesivo

La última gran secuela de la devastadora crisis económica en la que entramos en 2007 es el déficit público. Formalmente, España todavía se encuentra bajo la supervisión de la Comisión Europea por cuanto el desequilibrio de sus cuentas públicas excede el límite del 3% del PIB marcado por Bruselas. En 2017, tenemos la misión de rebajarlo hasta apenas el 3,1%, lo que nos permitiría, casi con total seguridad, escapar de la tutela de Bruselas a lo largo de 2018. Sin ir más lejos, el propio Banco Central Europeo acaba de pronosticar que España será capaz de liberarse del llamado «Protocolo de Déficit Excesivo» durante este venidero ejercicio. Sin embargo, no deberíamos contentarnos con el mero hecho de sacudirnos las cadenas bruselenses: como consecuencia de tantos años de déficit, la deuda pública española roza el 100% del PIB. En consecuencia, necesitamos amasar un amplio superávit presupuestario para amortizar aceleradamente nuestros enormes pasivos estatales y recuperar la solvencia que hemos perdido a lo largo de los últimos años.