Los vigilantes extenderán sus paros a El Prat y Santander

Los sindicatos reclaman que los pluses se amplíen a todos los integrantes de la plantilla.

Esquivaron la huelga de los controladores aéreos, pero parece difícil que hagan lo propio con la de los vigilantes de los arcos de seguridad. O mucho cambian las cosas, o los aeropuertos españoles afrontarán a partir del próximo jueves 24 y hasta el 3 de septiembre unos paros que colapsarán su operativa en un momento tan sensible como la vuelta de las vacaciones. Ayer, Alternativa Sindical, la organización convocante de los paros en Barajas, e Ilunion constataron en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) sus diferencias.

Los sindicatos exigen que pluses que varían según la antigüedad o el puesto y que pueden alcanzar los 300 euros se extiendan a toda la plantilla, como se pactó con la anterior adjudicataria del contrato (Prosegur). Quieren, además, que se respeten otros pluses como los de radioscopia o rotación acordados con la patronal y el Ministerio de Fomento para zanjar el conflicto de El Prat del año pasado. Ilunion, la compañía que presta el servicio en Barajas, se niega. La consecuencia es que, a día de hoy, la huelga, convocada de momento sólo en el aeropuerto madrileño, se mantiene. No obstante, Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, aseguró ayer a Ep que «casi con total seguridad», los vigilantes del aeropuerto de Santander se sumarán a las protestas, pues el sindicato cuenta con el 90% de los afiliados de Segurisa, la empresa que gestiona este servicio en el aeródromo cántabro. También afectará previsiblemente a El Prat. García apuntó que todos los trabajadores que dependan de Segurisa, Ilunion, Trablisa o ICTS de cualquier aeropuerto español están llamados a la huelga. En Barcelona, Alternativa es mayoritario en Trablisa.

Alternativa no es el único sindicato que está batallando por estos pluses. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO) ha presentado en el SIMA, como paso previo a una denuncia ante la Audiencia Nacional, un conflicto colectivo para garantizar el abono del plus variable a los vigilantes de seguridad que presentan servicio en los aeropuertos de la red de Aena. El gestor adjudicó los servicios de seguridad por 345 millones por dos años.