Los VTC reclaman 166 millones de euros a la Generalitat Valenciana

La patronal del sector exigirá indemnizaciones si se aprueba el decreto que obligará a contratar el servicio con 15 minutos de antelación

Unauto, la patronal más representativa del sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC), ha anunciado que reclamará en los tribunales indemnizaciones por valor de 166 millones de euros si la Comunidad Valenciana aprueba el decreto que limitaría su actividad en la región. «Si los derechos del sector se ven dañados mediante cualquier tipo de regulación restrictiva, los defenderemos recurriendo a todas las vías legales que sean necesarias, tal y como estamos haciendo en Cataluña», advierte Unauto en una carta remitida al presidente valenciano Ximo Puig. En la misiva, la patronal ha solicitado que no se adopten medidas restrictivas hasta que se resuelvan las dudas de constitucionalidad y competencia del real decreto-ley que aprobó el Gobierno central.

La Consejería de Obras Públicas remitió el pasado jueves un borrador del decreto que regulará las VTC en Valencia a las partes afectadas, que disponen de un plazo de diez días para presentar alegaciones. El borrador incluye restricciones como un periodo mínimo de precontratación de 15 minutos, que los ayuntamientos podrán ampliar si lo consideran necesario (el de Valencia ya ha confirmado su «voluntad» de establecer un plazo de una hora), así como la prohibición de la captación de clientes en la vía pública y la geolocalización. La asociación asegura que el sector emplea a 500 trabajadores en la región, pero estima que a lo largo de este año la cifra llegará hasta las 2.000 personas «si no hay obstáculos que lo impidan».

En la petición, Unauto solicita, además, mantener una reunión con la administración «cuanto antes» para trasladar las inquietudes del sector y plantear «posibles soluciones» para llegar a un modelo de movilidad sostenible «beneficioso y seguro» para los ciudadanos. La patronal señala que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las autoridades de competencia autonómicas recuerdan que todas las medidas que se adopten deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.