Madrid, única región sin tributos propios frente al infierno fiscal catalán

La presión fiscal de las comunidades autónomas sobre sus ciudadanos crece al mismo ritmo que lo hace el número de impuestos propios creados por sus gobiernos, pese a que se ha ralentizado en los últimos años a consecuencia de que el Estado ha asumido algunos de ellos, como el nuevo impuesto de residuos o las derogaciones a las que se han visto obligadas algunas regiones. En 2025 hay vigentes 66 impuestos en las comunidades autónomas, lo que suponen siete figuras impositivas nuevas respecto al año anterior. Sin embargo, eso no se ha traducido en unos mayores ingresos tributarios, ya que según constata el último «Panorama de la fiscalidad» elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España–, las autonomías de régimen común han ido aumentando su fiscalidad en número y porcentaje pero no sus ingresos, abarcando tanto a los impuestos propios como los impuestos cedidos (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre el Patrimonio) y las tasas.

Estos tributos autóctonos representaron solo el 2,2% de los ingresos tributarios en 2022, por lo que para los economistas «siguen siendo una escasa fuente de financiación para las autonomías», pese a que la recaudación –con datos de 2022– creció un 10,9% respecto al ejercicio anterior, siendo Cataluña la que tiene más figuras tributarias propias de todas las comunidades, por encima de la veintena –11 de ellas impuestos y el resto gravámenes y tasas–, mientras que Madrid está en las Antípodas, ya que no tiene ninguna, en línea con la política de reducción de la presión fiscal iniciada por Isabel Díaz Ayuso. De este modo, la Generalitat catalana ha convertido el panorama fiscal de la región en un infierno tributario por el que recauda 922 millones de euros, el doble que la autonomía que le sigue en el ranking, Canarias, que ingresa 468 millones, y a años luz de la Comunidad de Madrid, que recauda cero por haber borrado todos los impuestos que tendría derecho a imponer a sus ciudadanos.

Además, los economistas creen que las comunidades han utilizado «con exceso» su capacidad normativa, lo que ha creado muchas desigualdades según se sitúe la residencia de los ciudadanos, ya que las tarifas del IRPF de las comunidades pueden oscilar desde el 8% hasta 25,5%. Entre las comunidades de régimen común, cuatro tienen el mismo tipo mínimo que la estatal, ocho lo han fijado por debajo y, para las tres restantes, es superior. Por lo que se refiere al marginal máximo, en seis comunidades es inferior al estatal y en nueve superior.

También destacan que la clase media ha sido la más afectada por la no deflactación de la inflación sobre el IRPF, entre 255 y 464 euros de pérdida de poder adquisitivo por ahorro fiscal con cargo al año 2025, una cantidad que sería similar en los tres años anteriores, por lo que cifra superaría los 1.000 euros desde 2021. Ese es el dinero del que hubiera dispuesto cada contribuyente con una renta media de entre 25.000 y 45.000 euros si se hubiera deflactado la tarifa del IRPF de acuerdo con el IPC acumulado de los tres últimos ejercicios, lo que supondría un 12,5%. Así, en una renta media de 25.000 euros, el ahorro podría ascender como máximo a 207 euros en Andalucía o a un mínimo de 200 euros en la Comunidad Valenciana. En el caso de los que ingresan hasta 45.000 euros, la cifra llegaría hasta los 424 euros. Para las rentas más altas, de 350.000 euros, el ahorro fiscal podría alcanzar una media de 1.500 euros anuales.

Para Valentín Pich, presidente del CGE, no deflactar la tarifa del IRPF ha contribuido al «espectacular» incremento de la recaudación del Estado en los últimos años, con unos ingresos por IRPF que en 2023 rebasaron los 120.000 millones de euros, un 9,86% más que en 2022, y una cifra que se superó en 2024 ya en el mes de noviembre. Los economistas intuyen que los ingresos estarán en torno a un incremento del 10% respecto al 2023. «Son cifras récord, por lo que me sorprende que el Estado no haya tenido superávit. Algo ha pasado ahí», se preguntó.

Los expertos advierten de que, al ralentizarse el aumento de los precios, las comunidades que actualizaban sus tarifas autonómicas para mitigar el impacto de la inflación han dejado de hacerlo este año. Asimismo, critican que el Gobierno no haya deflactado la tarifa ni haya aumentado los mínimos personales o familiares, que ha provocado que «los ciudadanos hayan perdido poder adquisitivo».

Especial hincapié ha hecho el REAF en el Impuesto de Patrimonio. Apunta que se ha utilizado menos la capacidad normativa, ya que solo ocho comunidades aplican la misma tarifa que la estatal. Lo más relevante es que Andalucía, Galicia, Madrid y La Rioja, que lo bonificaban casi al 100%, lo han regulado para que la recaudación se quede en sus territorios y no tribute a nivel estatal a través del impuesto a grandes fortunas. Solo Extremadura sigue bonificando el impuesto. En cuanto a los mínimos exentos, se han establecido más bajos que la norma estatal en Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana, y más alto en Baleares. En Sucesiones son diez las comunidades que regulan los mismos tipos de gravamen que los de la tarifa estatal (de 7,65% a 34%), aunque en la mayoría no se paga cuando los sucesores son familiares cercanos, al igual que en Donaciones. Para los fiscalistas, convendría plantearse si merece la pena ir «a contracorriente» en la tributación sobre la riqueza que se marca en el seno de la UE.