La muerte del impuesto de Sucesiones

Nos encontramos en el proceso de aprobación de los PGE 2024 que suponen un aumento del gasto en un contexto donde la UE nos obliga a ajustarnos a las reglas fiscales, lo que implica la necesidad de recaudar como sea, despertando el debate sobre los impuestos cedidos a las CC AA, su capacidad recaudatoria y las desigualdades entre los españoles según su residencia. Entre ellos se encuentra el de Sucesiones y Donaciones, cuyo origen se remonta a la Antigua Roma como mecanismo para financiar las guerras, perpetuándose hasta hoy, pero justificado como elemento para redistribuir la riqueza, concentrada en unos pocos.

Sin embargo, su eficacia es baja, pues la disparidad regional ha generado que el mismo hecho tenga diferentes consecuencias económicas para los herederos, hasta en punto en el que, en algunas CC AA, se han vivido auténticos dramas familiares, castigando a ciudadanos vulnerables, al tener que pagar por un caudal hereditario, sobrevalorado por la Administración, sin disponer de liquidez para ello, teniendo que ceder al Estado los bienes ganados con el trabajo de padres y abuelos. Para algunos, este impuesto supone una confiscación de la historia familiar, además de económica.

Así, su existencia ha sido la causa de que el número de renuncias a herencias pasara de las 18.933 en 2011 hasta alcanzar su máximo en 2021 con 55.576 donde la recaudación alcanzó los 3.210 millones. Desde entonces, el número de renuncias se ha ido reduciendo hasta alcanzar las 41.985 en 2023, ya que por razones electoralistas y por el escaso impacto económico en las arcas públicas, muchas de las CC AA comenzaron una guerra fiscal por la que, actualmente, ya son 12 las que lo han hecho desaparecer en la práctica.

En el caso de los grandes patrimonios, el efecto es menor porque disponen de figuras patrimoniales y el adecuado asesoramiento en planificación sucesoria con los que se elude o diluye su impacto. Cada vez son más numerosos los exiliados fiscales, grandes fortunas o profesionales con ingresos muy elevados, que deciden poner tierra de por medio, cambiando su residencia a lugares donde la fiscalidad es más agradecida, sin ir muy lejos, a Portugal, donde este impuesto está exento para cónyuge, ascendientes e hijos, mientras que el resto sólo tributa por los bienes ubicados en el país.

Un ejemplo es el caso de algunos multimillonarios en EE UU que han renunciado, aparentemente, a dejar su herencia a sus hijos, cediéndola a su propia fundación sobre la que mantienen el control junto a sus hijos, lo que en la práctica no es más que teatralizar una moda “woke” para mejorar su imagen social mediante todo un espectáculo de filantropía tributaria, vestido de altruismo, pero con un claro objetivo de eficiencia fiscal y preservación del legado familia, pasando el testigo de una generación a otra.

Mientras que en las economías emergentes es casi inexistente para atraer capitales y estimular el crecimiento económico, y en las avanzadas hay una clara tendencia hacia su eliminación por su impacto recurrente en los grandes capitales y el riesgo de fuga hacia otros países, ahora, por razones ideológicas, algunos grupos políticos persiguen mantenerlo, pretendiendo su armonización, un eufemismo para subirlo en todas partes, en lugar de dejarlo morir, como ya ocurre en la mayoría, y para herencias superiores a tres millones de euros, para que no afecte a su electorado, a sabiendas de su pobre efecto recaudatorio.

Para unos, se busca asegurar que el patrimonio familiar que se ha construido en el pasado, siga existiendo en el futuro, manteniendo viva la esencia y la historia de la familia para que cada nueva generación pueda agregar su propio capítulo a la narrativa familiar. Para otros, lo importante es la igualdad de resultados y no de oportunidades o la meritocracia, por lo que hay que poner a cero el contador de la riqueza transmitida entre generaciones, a pesar de que conlleve doble imposición, desincentivando la inversión y el ahorro y penalizando el esfuerzo y sacrificio de toda una vida, representado en la masa hereditaria, donde el Estado se convierte en un heredero forzoso. A eso, algunos lo llaman justicia social y otros, confiscación.