Durante un proceso de divorcio, una de las dudas más habituales es si uno de los miembros de la pareja deberá pagar una pensión a su expareja, o si, por el contrario, tiene derecho a recibirla. Aunque se trata de una cuestión común, la respuesta no es simple ni automática, ya que depende de múltiples factores que deben ser analizados caso por caso.

Lejos de lo que muchos creen, la ley no establece una obligación universal de conceder una pensión compensatoria tras una separación. Según recoge el artículo 97 del Código Civil, esta figura tiene como finalidad equilibrar la situación económica de los cónyuges cuando, tras la ruptura, uno de ellos queda en una posición claramente más desfavorable que la del otro. En estos casos, puede solicitarse una compensación económica, pero su concesión no está garantizada.

Los expertos en derecho de familia explican que esta pensión busca compensar el desequilibrio económico generado por la separación, especialmente cuando uno de los cónyuges ve reducida su capacidad para obtener ingresos, ya sea por haber dedicado años al cuidado del hogar, haber renunciado a su desarrollo profesional o por encontrarse en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el simple hecho de divorciarse no implica, por sí solo, el derecho a recibir esta prestación.

Para determinar si procede o no y en qué cuantía, se valoran aspectos como la duración del matrimonio, la edad y el estado de salud de los miembros de la pareja, su formación profesional, la dedicación que hayan tenido a la familia y al hogar, los ingresos actuales y previsibles, así como las cargas familiares, especialmente si existen hijos menores.

El cálculo no se realiza siguiendo una fórmula fija. Aunque existen algunas guías orientativas, los jueces valoran cada situación de forma individualizada. Lo fundamental es que se acredite una situación de desequilibrio real tras la ruptura y que exista una justificación clara para solicitar esta ayuda.

¿Cuánto tiempo se paga la pensión?

No hay un plazo estándar. Puede establecerse como una ayuda temporal, pensada para facilitar la transición económica de una de las partes, o incluso concederse de forma indefinida si el desequilibrio es permanente y no se prevé que la persona pueda recuperar la autonomía financiera. De nuevo, la decisión final recae en el juez, que determinará si la pensión se concede, a quién, por cuánto tiempo y en qué cuantía.

¿Y cuándo no se concede?

Existen situaciones en las que la pensión compensatoria es altamente improbable. Por ejemplo, cuando la pareja ha convivido durante pocos años, no tiene hijos, ambos miembros tienen trabajo, edad joven y una buena cualificación profesional. En estos casos, al no existir una dependencia económica significativa entre las partes, se considera que ninguno queda en una posición de especial vulnerabilidad tras la ruptura.