Pedro Sánchez "regala" a Cataluña casi 25.000 millones de euros con la cesión de la recaudación de IRPF a su Hacienda propia

El sueño de tener una Hacienda propia para recaudar todos los impuestos de Cataluña está a unos pocos días de hacerse realidad. El Gobierno y la Generalitat cerrarán presumiblemente la semana que viene la nueva financiación de la comunidad autónoma dentro de la comisión bilateral que sancionará de forma definitiva las bases del nuevo modelo, que permitirá que el Estado transfiera todas las competencias recaudatorias a un Fisco catalán, basado en el principio de ordinalidad y que contará con una cuota de solidaridad, en un modelo híbrido similar al cupo vasco y navarro. El objetivo es que en el ejercicio 2026 Cataluña ya tenga capacidad para recaudar todos sus impuestos.

Esto significa que la Generalitat podrá acaparar todos los pagos tributarios de los españoles censados en Cataluña. Se hará a través de una proposición de ley que contará con el apoyo de los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo de Pedro Sánchez –léase Junts, ERC, PNV, BNG y EH Bildu– y que podría presentarse tras el parón estival.

De esta forma, los ingresos fiscales que pasará a controlar el Gobierno de Salvador Illa superarán de largo los 129.400 millones recaudados en 2024 –según las perspectiva de recaudación récord del presente año fiscal–, que suponen unos ingresos netos para las arcas regionales de casi 25.000 millones. «Una cifra equiparable al gasto social de toda la Comunidad de Madrid y un nuevo paso para ese golpe financiado por todos los españoles», denunció ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En espera de que llegue a sus manos ese maná tributario, la Generalitat ha tenido que solicitar una nueva petición al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 8.479 millones de euros, que engrosarán la ya abultada deuda de más de más de 85.000 millones, un 11% más que hace un año. Esta cifra mantiene a Cataluña como líder del ranking de autonomías más endeudadas con el fondo de liquidez estatal, pese a la quita de más de 17.000 millones que sigue negociando con el Estado, ante la imposibilidad de poder financiarse en los mercados de deuda.

Fuentes gubernamentales explicaron a LA RAZÓN que el acuerdo se sellará «en breve» en la comisión bilateral, dentro de la «normalización democrática» entre ambos ejecutivos y bajo el modelo de «cogobernanza» impuesto por el Gobierno, «dentro de una relación muy constructiva y eficaz».