¿Pueden las subidas del salario mínimo o la reducción de la temporalidad salvar el sistema público de pensiones? El informe técnico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que respalda la opinión sobre sostenibilidad a largo plazo de las Administraciones Públicas publicada en marzo, revela que las recientes reformas laborales y las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tienen un impacto muy limitado sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España.

Aunque estas medidas han generado una mejora moderada del empleo y del PIB, los ingresos por cotizaciones sociales -clave para financiar las pensiones- apenas han mejorado en términos de su peso sobre el PIB.

El documento analiza con modelos macroeconómicos propios (como MEGAIReF) cómo han afectado las reformas laborales de 2021 y el incremento del SMI al equilibrio económico y a los ingresos de la Seguridad Social.

La conclusión es clara: ni el crecimiento del empleo ni la mayor estabilidad laboral lograda con la reforma son suficientes para compensar el desequilibrio estructural del sistema de pensiones.

Aunque hay más contratos indefinidos y menos rotación laboral, el aumento de las cotizaciones no es significativo en términos relativos, debido al incremento simultáneo del PIB nominal.

En cuanto al SMI, la AIReF señala que su efecto sobre la economía ha sido ligeramente expansivo, elevando marginalmente el empleo y el consumo, pero advierte que estos efectos positivos podrían estar sobrestimados, ya que el modelo no incorpora posibles impactos negativos sobre la oferta de trabajo, como la reducción de márgenes empresariales o el incentivo a la informalidad.

En términos fiscales, el aumento del salario mínimo contribuye a mayores ingresos por cotizaciones, pero también a un posible incremento del gasto público, en parte por el traslado de tensiones salariales al sector público.

Costes de despido y rigidez

Respecto a la reforma laboral de 2021, el informe constata que ha reducido la temporalidad y ha aumentado la estabilidad en el empleo, factores que, en principio, generan efectos positivos sobre el crecimiento y la inversión.

Sin embargo, también advierte que medidas como el incremento de los costes de despido o la mayor rigidez en la negociación colectiva tienen efectos contractivos. De hecho, el modelo predice una leve contracción del PIB a corto plazo debido a la menor flexibilidad empresarial y a un aumento del desempleo involuntario en ciertos sectores.

El efecto conjunto de todas estas medidas es positivo en términos de empleo y PIB, pero muy modesto: el crecimiento del PIB se sitúa apenas una décima por encima del nivel de referencia en el largo plazo, y el empleo sigue una senda similar. El problema central, según la AIReF, es que el sistema público de pensiones necesita un aumento estructural y sostenido de los ingresos por cotizaciones, algo que estas reformas no consiguen garantizar.

De hecho, aunque las cotizaciones sociales crecen en términos absolutos, su peso sobre el PIB se mantiene casi constante, lo que implica que la presión financiera del sistema seguirá creciendo a medida que aumente el número de pensionistas.

Esto sitúa de nuevo el foco sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones. La AIReF deja entrever que, con las medidas actuales, será necesario plantear ajustes adicionales. Entre las opciones que podrían estar sobre la mesa se encuentran cambios fiscales, revisiones de la edad efectiva de jubilación o incluso nuevas reformas paramétricas del sistema.

Pese a la importancia del documento, hasta ahora no ha tenido apenas repercusión en los grandes medios de comunicación, a pesar de su relevancia para millones de trabajadores, autónomos y pensionistas. El informe deja claro que no basta con crecer o crear empleo: el sistema de pensiones necesita más y mejores cotizaciones para sostenerse en el tiempo. Y, por ahora, ni las subidas del SMI ni la reforma laboral logran ese objetivo.

Este análisis técnico llega en un momento en que el sistema público de pensiones está bajo presión financiera, con un gasto que supera el 13% del PIB y con previsiones demográficas que anticipan un fuerte incremento del número de jubilados en las próximas dos décadas.

Según la propia AIReF, las medidas actuales no modificarán de forma sustancial esta trayectoria, lo que obliga a abrir un debate más amplio y transparente sobre cómo se va a financiar el sistema en el futuro.

El informe técnico supone una llamada de atención directa: si no se adoptan medidas adicionales y estructurales, el desequilibrio del sistema seguirá creciendo, y con él, la necesidad de recurrir a mayores transferencias del Estado, aumentos impositivos o recortes en otros ámbitos del gasto público.