Revés de Noruega al Gobierno: su fondo soberano cambia de opinión y votará a favor de la marcha de Ferrovial

Movimiento, y de calado, de cara a la trascendental junta de accionistas de mañana de Ferrovial. El fondo soberano de Noruega (Norges Bank) ha cambiado su intención de voto y apoyará finalmente el traslado de la sede social de la compañía a los Países Bajos. Norges había avanzado en un primer momento que se opondría al movimiento que se votará mañana porque consideraba que entrañaba ciertos riesgos para los accionistas minoritarios. Sin embargo, el fondo ha cambiado de parecer y apoyará el traslado, según consta en su página web, en la que aparece un voto favorable en todos y cada uno de los puntos del orden del día de la junta, incluido el 10,1, que es el que trata la fusión transfronteriza de Ferrovial con su filial neerlandesa, transacción que permitirá este cambio de sede social.

La decisión de Norges es de suma relevancia debido a que la operación podría quedar abortada si el 2,56% del capital de Ferrovial se opone a la misma. La operación diseñada por la compañía recoge el denominado "derecho de separación" por el que aquellos accionistas que estén en contra pueden vender sus títulos a la empresa a un precio de 26,0075 euros si así lo solicitan hasta un mes después de que se publique en el BOE el acuerdo de aprobación de la fusión. Ferrovial ha fijado en un máximo de 500 millones de euros la cantidad máxima que está dispuesta a pagar por este derecho. Si se rebasa tal límite, renunciará al traslado de sede. En este momento, Ferrovial tiene 727,4, millones de acciones, con lo que si 18,62 millones se acogen al derecho de separación tendrá que abortar su traslado. Esos 18,62 millones equivalen al 2,56% del capital. Norges tiene en este momento el 1,5%, por lo que si hubiera votado en contra y hubiera ejercido después su derecho de separación habría dejado la operación al borde del fracaso. Su apoyo, así como el de otros asesores como Glass Lewis o ISS, acerca a la dirección de Ferrovial a sacar adelante la operación.

Por el momento, además del fondo noruego, Ferrovial cuenta con el voto favorable para su traslado de su presidente Rafael del Pino, que suma un 20,4% del capital; su hermana María con el 8,2%, y el fondo TCI, con el 7%. Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial y cuarto accionista del grupo con un 4,15%, se inclina a votar en contra, aunque parece que no ejercerá su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones, por encima de los 500 millones que ha fijado la compañía para no verse afectada negativamente desde el punto de vista financiero y de rating. También han dado su visto bueno a la operación varias asociaciones de accionistas minoritarios, como la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), la asociación internacional World Federation of Investors (WFI) y la europea Better Finance.

Ataques

El apoyo de Norges llega después de airearse más presiones del Gobierno para que Ferrovial suspenda su movimiento. El Ejecutivo ha enviado una carta a la compañía, instándole a informar a sus accionistas de que la doble cotización en Estados Unidos desde España es posible sin trasladar su sede social a Países Bajos. Además, el Gobierno le ha advertido de que si la Agencia Tributaria no encuentra razones económicas que favorezcan la evolución de la empresa a ese movimiento corporativo, podría perder ciertas ventajas fiscales derivadas de las fusiones transfronterizas, por lo que la factura que tiene que pagar Ferrovial por mover su sede podría dispararse. Hoy mismo, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha insistido en que los accionistas de Ferrovial "tienen todo el derecho a conocer la verdad" y a tomar una decisión "informada" en la junta de accionistas que el grupo celebrará mañana. "La legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa", le ha secundado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ferrovial no se ha arrugado ante esta ofensiva gubernamental y el propio consejero delegado, Ignacio Madridejos, le ha contestado en una carta al Ejecutivo pidiendo respeto a los accionistas de la empresa e instándole a que no prejuzguen cualquier decisión que pueda tomar la Agencia Tributaria en relación a esas exenciones fiscales que, según Moncloa, estarían en riesgo.