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Trabajo intenta recaudar 500 millones con el control horario

La Tesorería General de la Seguridad Social quiere asegurarse la cotización de más de 152 millones de horas extras anuales sin contabilizar hasta ahora y engordar así sus ingresos.

  • Magdalena Valerio, durante un acto celebrado hoy en Madrid
    Magdalena Valerio, durante un acto celebrado hoy en Madrid /

    Europa Press

Tiempo de lectura 4 min.

12 de mayo de 2019. 23:44h

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Javier de Antonio,  /A. Maisanaba.  12/5/2019

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha comenzado a controlar si las empresas cumplen con la nueva legislación vigente sobre el registro de la jornada laboral de sus trabajadores. El objetivo es confirmar que las horas trabajadas se corresponden con las que están contratadas y evitar así el fraude en el empleo parcial y, de paso, cuantificar el número de horas extras para que sean cobradas y cotizadas. En el registro debe constar la hora de entrada y de salida del puesto de trabajo de cada empleado de forma diaria, no siendo válida una contabilización de las horas extras a fin de mes.

En España, cada semana de 2018 se realizaron una media de 6,45 millones de horas extraordinarias, de las que al menos el 46% no fueron abonadas ni cotizadas en la Seguridad Social, 2,96 millones. Si tenemos en cuenta que las horas extras tienen una cotización idéntica que las ordinarias, – por contingencias comunes del 28,3% (el 23,6% por cuenta de la empresa y el 4,7% por parte del trabajador), y las denominadas de fuerza mayor, con un tipo del 14% (el 12%, la empresa y el 2%, el trabajador)– podemos hacernos una idea de la magnitud del seísmo que puede producir la puesta en marcha de la nueva regulación horaria.

Si este año se mantuvieran unas cifras similares a las del ejercicio pasado, al final del año se habrían contabilizado 338 millones de horas extras, de las que más de 152 millones serán sin contabilizar, el 46%. Atendiendo a esta cifra y aplicando la base de cotización ordinaria, la estimación de ingresos rondaría los 500 millones de euros, a los que habría que restar la parte correspondiente a los cuatro primeros meses de este año, que no computan. La Seguridad Social lograría así un ingreso extra para aliviar sus maltrechas arcas.

De momento, las previsiones para 2019 mantienen esta línea, ya que, según datos de la EPA actualizados al primer trimestre, más de 735.000 trabajadores han realizado cada semana de lo que llevamos de año casi seis millones de horas extra, de las que más de 2,7 millones, realizadas por más de 346.000 empleados, no han sido cobradas ni cotizadas.

Los datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social muestran que los ingresos generados por estas cotizaciones han ido oscilando al alza desde que tocaron fondo en 2013, con 232,45 millones de euros de recaudación. Así, la previsión hecha para 2019 se había establecido en 346,9 millones de euros. Pero ahora, con la entrada en vigor de esta nueva normativa, habría que sumarle una cifra similar por las horas que antes no se contabilizaban.

Las horas extraordinarias, según la normativa vigente, son aquellas que se realizan cuando se ha superado la hora de salida de la jornada laboral ordinaria. Su limitación es de ochenta al año y deben ser excluidas aquellas que son compensadas con horas libres durante los siguientes cuatro meses a su realización. Las horas extras correspondientes a trabajadores a tiempo parcial sólo pueden ser compensadas cuando suceden por causa de fuerza mayor.

Con este control de presencia quedarán registradas tanto el número de horas trabajadas como su distribución a lo largo de la jornada, la entrada y la salida del lugar de trabajo, así como las horas extraordinarias y las que no se han realizado.

La aplicación de esta nueva legislación ha provocado inquietud y temor entre el empresariado ante la imposibilidad de no poder cumplir con ella, sobre todo pequeñas empresas, que no han podido instalar los dispositivos de control exigidos o no saben cómo. Por ello, Trabajo ha tenido que conceder un periodo de gracia en el que no se harán efectivas las sanciones económicas a las empresas que no cumplan con el decreto –de 626 a 6.250 euros, en función del número de trabajadores afectados o del volumen de negocio de la compañía–, siempre y cuando demuestren que la implantación del registro laboral está en marcha. Esta moratoria sancionadora podría extenderse hasta el verano.

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