El traspaso de 30.000 viviendas deja a la Sareb en un limbo

El futuro de la Sareb está en el aire después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que se iban a transferir 30.000 viviendas de este organismo –13.000 de ellas de forma inmediata y otras 17.000 de forma progresiva– a la nueva empresa pública que surgirá de la reconversión de la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y que servirá para vertebrar parte del plan de vivienda anunciado, que se dio un plazo de seis meses para llevarlo a cabo.

En la última junta de accionistas de la Sareb, celebrada el pasado 2 de abril, se acordó suspender de manera temporal la venta de activos residenciales –tanto viviendas como suelos– mientras se trabaja, en colaboración con el Sepes, para identificar aquellos que pueden ponerse a disposición de esta nueva empresa pública.

Así, Sareb prepara ya su estrategia para readaptar la actividad de sus empresas colaboradoras como gestoras de activos inmobiliarios –sus «servicers»–, lo que afecta fundamentalmente Hipoges y a Anticipa-Aliseda, a los que hay que sumar otros contratos de servicios firmados y en vigor con Servihabitat para vivienda social o con Serviland para el desarrollo de suelo.

El conocido como «banco malo» tiene hasta finales de junio para definir este nuevo plan estratégico y sus gestores estudian ya las distintas opciones para dar salida a estos contratos con los «servicers», ya que el próximo traspaso de activos a la nueva empresa pública de vivienda y suelo que ha puesto en marcha el Gobierno dejará sin actividad inmobiliaria a la compañía y sus colaboradores.

El problema legal surge porque estos contratos que Sareb selló con estas empresas de servicios para la gestión y comercialización de los activos no vencen hasta el próximo mes de septiembre, y además tienen la posibilidad de ser ampliados hasta 2027 mediante prórrogas anuales, que permiten extender los contratos o reajustar la actividad que prestan estas empresas al nuevo contexto que se abre con la empresa pública.

Los expertos legales del Ministerio de Vivienda trabajan en valorar si tanto la Sareb como estas plataformas «podrían asumir nuevas funciones, como el acondicionamiento de las viviendas que se transfieran a la empresa estatal de vivienda», informan fuentes gubernamentales.

En la actualidad, y a falta del traspaso de esas 30.000 viviendas al heredero del Sepes, la Sareb suma 37.000 viviendas, por lo que aseguran desde la entidad que «vamos a seguir teniendo mucho trabajo», ya que aún tienen intacta la obligación de vender los activos residenciales que no formen parte del perímetro de la nueva empresa pública, así como los suelos industriales, los activos terciarios –que se traducen en 7.500 inmuebles– o los denominados «esqueletos», que suman alrededor de otros 20.000.

Desde el Gobierno insisten en que el perímetro de la empresa estatal de vivienda y suelo lo definirá el Sepes y, por tanto, la última palabra la tendrá del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que dirige Isabel Rodríguez, que asegura que está trabajando para ello «de la mano con la Sareb», que está participada en más de un 50% por el FROB, dependiente en este caso por el Ministerio de Economía, y que suma unos 300 trabajadores en su plantilla.

Según fuentes ministeriales, la estrategia de este nuevo Sepes será presentada antes del 30 de junio, momento en el que se podrán retomar las ventas de los activos residenciales que no cumplan con los requisitos para ser transferidos a la gran empresa pública de vivienda y suelo.

El pasado 13 de enero, como parte de una docena de medidas, el presidente del Gobierno anunció la movilización de estas 30.000 viviendas de Sareb a la nueva empresa pública, lo que ha paralizado proyectos como «Viena», que incluía 50 suelos en los que levantar 3.770 viviendas de alquiler asequible, a lo que se suma la suspensión del proceso de venta de una participación mayoritaria en Árqura, el vehículo promotor de Sareb.