Sánchez aviva el agravio territorial

Aunque desde el Gobierno socialista, muy en su tónica habitual, se echen balones fuera responsabilizando al ex ministro popular Cristóbal Montoro de la gestación de la deuda del IVA con las comunidades autónomas, lo cierto es que la posición de la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, no se sostiene ni desde un punto de vista legal ni, mucho menos, político.

En primer lugar, porque la ampliación del plazo para el abono del IVA que autorizó Montoro, a petición de las empresas –todo hay que decirlo–, no cambia el concepto de devengo que rige en la Administración, que imputa la obligación de pago cuando éste se genera y no cuando se abona, y, en segundo lugar, porque hablamos de un dinero público, pagado con los impuestos de los ciudadanos, que estaba destinado a las arcas de las comunidades autónomas.

Que en un país que vive en el siglo XXI, con una legislación y una cultura hacendísticas consolidadas, una ministra como María Jesús Montero se permita el desahogo de decir que ese dinero ya no existe, que se ha evaporado en el calor de la selva burocrática, o se escude en problemáticas prescripciones temporales, no es de recibo. La obligación persiste, más allá de que el anterior Gobierno socialista no consiguiera aprobar los Presupuestos Generales, y, al final, deberá ser atendida. Entre otras cuestiones, y no la menor, porque su pago hubiera supuesto, según los informes de la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF), que comunidades como Madrid, Andalucía o Cantabria se mantuvieran dentro de los objetivos del déficit.

Se reclama, en definitiva, un mínimo sentido de la lealtad institucional entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, que, no lo olvidemos, también son Estado, y no el espectáculo de un Gobierno retranqueado en artimañas contables para no pagar lo que debe. O, dicho de otro modo, el mismo rigor con el que Hacienda actúa cuando se trata de las deudas de los contribuyentes. Y aquí entramos, muy a nuestro pesar, en un terreno resbaladizo que no augura nada bueno para el futuro de la economía española ni para el bolsillo de sus ciudadanos. Nos referimos, por supuesto, a la solución que ha puesto sobre la mesa la ministra Montero y que consiste en permitir que las autonomías relajen los objetivos de déficit y se endeuden más, con la pretensión de sacudirse la presión de las anunciadas demandas del IVA. De hecho, el montante de la deuda en disputa, 2.500 millones de euros, equivale al que obtendrán con el incremento del 0,2 por ciento del déficit.

Si esta va a ser la norma del Gobierno de coalición –la vuelta a la barra libre del gasto público– la derivada inmediata no puede ser más inquietante. Por un lado, fuerza a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, especialmente Madrid, Murcia y Andalucía, a renunciar a un alivio de la presión fiscal que, a la larga, está beneficiando al desarrollo económico de estas regiones. Pero, por otro, y dados los condicionamientos que impone Bruselas, es el preludio de una subida de impuestos que puede ser letal para un mercado laboral que ya da muestras de agotamiento.

Ni se puede invitar a gastar más a unas administraciones que, dadas las obligaciones contraídas con servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación y la Dependencia, que se llevan la parte del león, siempre viven en la cuerda floja presupuestaria, ni se puede utilizar las políticas territoriales como instrumento del Gobierno para remendar su minoría parlamentaria, creando situaciones de agravio entre las regiones. No es tolerable el espectáculo de las deferencias gubernamentales con Cataluña, mientras se aplica mano de hierro a las autonomías que no son de su parcialidad. Sólo desde la estricta equidad, el modelo territorial español podrá desarrollarse con éxito y avanzar en la convergencia económica y social de todos los españoles.