La izquierda radical mata el empleo

Una de las evidencias que mejor explican la situación de grave emergencia por la que atraviesa la economía española es ni siquiera el servicio nacional de Empleo (SEPE) es capaz de calcular a ciencia cierta el número de trabajadores a los que habrá que asistir, bien por haber ido directamente al paro, bien por su inclusión en los Ertes por fuerza mayor admitidos por el Ministerio de Trabajo. Ayer, las fuentes del propio SEPE consultadas por LA RAZÓN facilitaban la cifra de 1.400.000 nuevos beneficiarios del subsidio de desempleo, aunque con la advertencia de la provisionalidad de los datos, ya que muchos de los expedientes no se habían podido tramitar antes del final de marzo a causa de la saturación administrativa y de los fallos técnicos del «teletrabajo».

De cualquier forma, la previsión de que se alcancen los cinco millones de parados parece ser, desafortunadamente, bastante plausible, lo que nos acerca a las peores cifras de la crisis financiera de 2008, incluso confiando en que la mayoría de los nueve millones de españoles afectados por la «hibernación» de la economía, por usar el eufemismo del Gobierno, no pierdan sus actuales trabajos por la quiebra inducida de empresas. El pronóstico para nuestro mercado laboral, al menos en el futuro inmediato, es, pues, muy malo y no lo mejora, precisamente, la actuación de un Ejecutivo como el actual, que encadena reales decretos de medidas paliativas y asistenciales sin orden ni concierto y, sobre todo, sin el acompañamiento de las correspondientes memorias económicas que especifiquen de dónde va a salir el dinero para hacer frente al gasto añadido.

Porque las primeras decisiones de orden presupuestario, como incautarse de los fondos para formación de trabajadores asignados a las comunidades autónomas no pasan de ser una improvisación de corto alcance que no augura nada bueno. Una vez más, se pone de manifiesto no sólo el exceso de improvisación del Gabinete, en la que mucho tiene que ver la falta de un criterio unificado, sino la arrogancia de quienes, en una situación como la actual, han considerado que no necesitaban contar con nadie para afrontarla, mucho menos, claro, con una oposición política a la que se pretende maniatada por un mal entendido concepto de lealtad y de la que, sin embargo, se espera que dé su aprobación parlamentaria a la hipoteca, lisa y llanamente, del futuro de España.

Por no hablar del trato dado al sector empresarial en su conjunto, sobre el que se hace recaer la carga mayor de la crisis del coronavirus sin contrapartida fiscal alguna y con imposiciones en el marco de las relaciones laborales, regladas por una Ley orgánica, de complicado anclaje constitucional. Con todo, lo peor es la sensación que se está instalando en la opinión pública de que el Gobierno que preside Pedro Sánchez plantea su estrategia sobre dos premisas, cuando menos, dudosas: que la recuperación económica tras la pandemia será rápida y que la Unión Europea acabará por salir al rescate, ya sea por medio de los «coronabonos», de ayudas al desempleo –se negocia un paquete de 100.000 millones, a pagar entre los ejecutivos nacionales y los fondos de la Comisión– , o de mayores facilidades al endeudamiento público. Sin embargo, las previsiones de una recuperación acelerada chocan con la realidad de la dependencia del Turismo de la economía española y con el hecho de que nuestros socios también se están viendo gravemente afectados por las consecuencias de la epidemia y, lógicamente, se verán obligados a reducir sus importaciones de bienes y servicios. Pero, al parecer, nada de esto hace mella en el ánimo del Gobierno de coalición, mucho más condicionado por las servidumbres de su ideología de lo que sería conveniente para el bienestar de los españoles.