El plan de Iglesias quebrará España

Todo indica que el sector del Gobierno que capitanea Pablo Iglesias está presionando sin desmayo para implantar, podría decirse que a la carrera, una de las ofertas estrella de su programa electoral, la llamada renta mínima vital, cuyos primeros esbozos podrían estudiarse en los dos próximos Consejos de Ministros. Aunque desde el sector socialista se alzan voces que piden prudencia ante una medida de gran calado, que exigiría, en su formato más comedido, una inversión pública superior a los 3.500 millones de euros anuales y que, además, tendría que negociarse con las comunidades autónomas, desde Unidas Podemos se insiste en que la actual situación de emergencia sanitaria, que augura una fuerte contracción económica, no permite dilatar su aprobación, aunque fuera de manera temporal, como parte de las medidas extraordinarias tomadas por el Ejecutivo.

No somos tan ingenuos como para no adivinar lo tentadora que puede resultar para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal propuesta, aunque sólo fuera porque ayudaría a desviar la atención sobre la falta de previsión gubernamental en la presente tragedia y sobre las carencias que ha puesto de manifiesto su gestión. Sin embargo, por muy efectista que pueda resultar el asunto, se trata de una cuestión de enorme calado político que no puede despacharse sin que haya mediado un sólido análisis de los pros y los contras de ese tipo de «salario social», tan caro a los presupuestos ideológicos de esta nueva izquierda comunista, y, sobre todo, sin el acompañamiento de la correspondiente memoria económica que calcule el coste y explique de dónde va a salir el dinero para sufragarlo.

La experiencia previa de los gobiernos de Felipe González, que tuvieron que afrontar el ajuste de las prestaciones por desempleo tras la crisis de los años noventa del pasado siglo, debería ejercer de aviso a navegantes sobre la adquisición de compromisos de gasto público que luego resultan presupuestariamente insostenibles. Pero es que, además, no parece que nos hallemos en el momento más oportuno, con la actividad parlamentaria en mínimos y la atención de la opinión pública centrada en la lucha contra la pandemia y horrorizada por el insoportable número de muertes que se están produciendo, para abordar esa cuestión.

Ni los tiempos de España son, necesariamente, los de Pablo Iglesias, ni el PSOE tiene que aceptar como buena cualquier ocurrencia de Unidas Podemos, por mucha vitola «social» en las que se envuelva. Porque lo menos que se puede decir de este tipo de medidas asistenciales es que, quizás, ayuden a paliar las necesidades básicas de una parte de la población, pero, a la larga, fomentan la desigualdad. Cronificar la dependencia de las ayudas del Estado, como en Puerto Rico, desincentiva la búsqueda del empleo y reduce las oportunidades de superación personal. Y la fórmula alternativa de emplear el salario mínimo vital como un complemento de los ingresos laborales, que se ha experimentado en Finlandia, ha resultado todo lo contrario, puesto que la mayoría de los perceptores acabaron por excluirse del mercado de trabajo.

Con todo, lo que más preocupación debería causar a los ciudadanos es la pretensión de legislar programas, cuando menos, sujetos a la controversia y acreedores de un amplio debate social, en medio de una situación de emergencia como la actual, que proporciona al Gobierno instrumentos ejecutivos extraordinarios. Si ya la batería de reales decretos de medidas de emergencia económica ha provocado el rechazo de empresas y trabajadores autónomos por su evidente falta de operatividad, mejor sería que el Gobierno tratara de acordar con los sectores sociales y con la oposición una proyecto de fondo que propicie una rápida recuperación.