Iglesias politiza la desescalada de Madrid

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, contaminó políticamente ayer la decisión sobre la progresión de grado de la Comunidad de Madrid en el proceso de desescalada. Y no creemos entrar en juicio de intenciones si presumimos que fue una acción premeditada, más propia de un activista que de un responsable ministerial, en la misma línea de confrontación con el Ejecutivo madrileño que viene manteniendo la izquierda desde el comienzo de la crisis sanitaria, cuando las medidas de prevención adoptadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con el cierre de centros de día de mayores y del sistema educativo, dejaron al descubierto ante la opinión pública la tremenda imprudencia cometida con la manifestación feminista del 8 de marzo, intensamente alentada por Unidas Podemos.

Que ayer, cuando ni siquiera el ignoto comité de expertos del Ministerio de Sanidad había terminado de analizar la propuesta de Madrid, el vicepresidente Iglesias se permitiera adelantar el sentido de la decisión y, de paso, atribuyera a Díaz Ayuso un interés partidista que pasaba por encima de la salud y la vida de las personas, acusación que no por repetida desde las filas de la formación morada deja de ser menos miserable, no sólo denota sectarismo, sino que pone en cuestión la credibilidad de quienes deben certificar la situación sanitaria de los distintos territorios, se entiende que bajo exclusivos criterios técnicos. Por supuesto, no se trata ni de abogar porque Madrid pase de fase de descofinamiento ni de atribuir motivaciones espurias en quienes, desde su responsabilidad y mejor conocimiento, hayan tomado la decisión, sino de reclamar del Gobierno de la nación mesura y ecuanimidad en su relación con las comunidades autónomas regidas por la oposición.

Porque actitudes como la del vicepresidente Iglesias legitiman la impresión de muchos ciudadanos de que Madrid, y, en especial, Díaz Ayuso, muy combativa, es cierto, con la manera en que se ha gestionado desde el Gobierno de la nación la lucha contra la pandemia, se han convertido en el objetivo a batir de la izquierda, con todo lo que ello significa desde la experiencia acumulada. Por otra parte, y sin querer cuestionar las decisiones de la autoridad sanitaria central, que es la que asume la máxima responsabilidad, no parece que la petición de entrar en Fase-1 hecha por la Consejería de Salud madrileña fuera descabellada o no estuviera racionalmente fundamentada. Argumenta el departamento que dirige Salvador Illa para sostener su negativa que todavía no está bien ajustado el sistema de atención primaria que debe actuar como primera barrera en la detección de los contagios. Puede ser, pero no era, por lo que se ha hecho público, uno de los criterios determinantes, en primer lugar, por su dificultad objetiva, a la hora de autorizar o no la progresión. Sí cumplía Madrid, de lo contrario no hubiera presentado la petición, los criterios de camas disponibles y de unidades de UCI , contando con las instalaciones hibernadas de Ifema, y del descenso de hospitalizaciones y pacientes en cuidados intensivos.

Sin duda, el retraso causará mayores pérdidas económicas al comercio de la región, pero no es ese el debate que más nos preocupa. Es el nivel de enfrentamiento político, que no puede condicionar en ningún sentido el proceso de toma de decisiones sobre el proceso de desconfinamiento, que, no lo olvidemos, se habrá de llevar a cabo en condiciones de permanencia de la infección, como está ocurriendo en el resto de los países de nuestro entorno. Los ciudadanos deben ser conscientes de que la pandemia de coronavirus se mitigará en lo inmediato, pero que habrá que aprender a convivir con ella durante mucho tiempo. Cuantas más medidas de autoprotección se mantengan, menos presión al sistema sanitario.