La corrupción política de las leyes

Nunca estuvo en el ánimo del legislador, al menos desde la extensión conceptual de los derechos humanos, convertir la política penitenciaria en un mero instrumento de castigo o de venganza social. De ahí, la existencia de un cuerpo normativo que busca el tratamiento individualizado de los reclusos y que permite medidas graciables en función de las características y evolución personal de los condenados. En no pocas ocasiones, ese componente, llamémoslo, humanitarista de las leyes penales choca con un exacerbado sentido justiciero de la sociedad, que, como prueba la experiencia, siempre exige penas más largas y mayor rigurosidad en su cumplimiento. Por ello, lo que se espera de las instituciones es que impongan el espíritu de la ley por encima de las pulsiones más primarias de la opinión pública, poco dada por lo general a aceptar esa máxima de Concepción Arenal que animaba a odiar el delito y compadecer al delincuente.

Valga este preámbulo para disipar cualquier intención vengativa por nuestra parte a la hora de denunciar la gravedad de un caso de corrupción de las normas, como es la concesión del tercer grado penitenciario a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por su participación en la intentona golpista de octubre de 2017. En apariencia, pero sólo en apariencia, la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, titular de las competencias de prisiones, estaría cubierta por las disposiciones de la Ley General Penitenciaria que, en cuanto a la clasificación en tercer grado de los reclusos, señalan como condiciones que éstos hayan mantenido buen comportamiento en prisión, tengan un entorno social estable y estén insertados en la sociedad. Sin embargo, falta un requisito fundamental, que se requiere desde el mismo principio reeducador de la pena, como es el de la asunción del delito cometido y el arrepentimiento por parte del reo. Como abunda la jurisprudencia sobre esta cuestión, no es preciso extenderse, baste, como ejemplo, el auto de denegación del tercer grado al ex ministro Jaume Matas, dictado en noviembre de 2014, en el que el magistrado actuante recalcaba que aunque ese tipo de reclusos –«de guante blanco»– suelen estar plenamente insertados en la sociedad y mantener un buen comportamiento en prisión, «no hay prueba alguna de la existencia del arrepentimiento, asunción del hecho, conciencia del daño y del descrédito causado a la Institución Pública». Es más, en el caso que nos ocupa, existe prueba en contrario, es decir, de contumacia y rechazo de la legitimidad del tribunal sentenciador por parte de los reos.

Estamos, pues, ante una actuación de la Administración autónoma de Cataluña que supone la corrupción de la Ley por motivos puramente políticos y al servicio de la ideología de los partidos gobernantes. Una forma poco sutil, además, de reivindicar a los líderes naturales del separatismo catalán y mantener abierto el enfrentamiento con las instituciones del Estado, y, por supuesto, de ningunear a los jueces del Tribunal Supremo, dejando sin efecto por la vía de los hechos la sentencia por sedición. Insistimos en que no se pretende reclamar para los presos del procés mayores rigurosidades que a nada conducen. De lo que se trata es de impedir que un organismo público haga un uso descaradamente torticero del reglamento penitenciario. Un uso que, además, supone un agravio comparativo para otros reclusos. Cuando hablamos de personas privadas de libertad, es mucho más grave admitir los dobles raseros. La Fiscalía y los tribunales están obligados a recurrir el desafuero de la Generalitat, incluso, con la exigencia de las responsabilidades que, en su caso, hayan podido contraer los funcionarios. De lo contrario, podríamos dar por legitimada la amenaza más grave que ha sufrido la democracia española desde la Transición.