Espantada del Gobierno ante la Navidad

Cuando faltan siete días para la celebración de la Nochebuena, sin duda, la fiesta más entrañable del año, la mayoría de las familias españolas afrontan esa fecha desde el desconcierto y la confusión. Una vez más, el Gobierno de la nación se ha desentendido del problema, transfiriendo la responsabilidad a las comunidades autónomas, aunque, eso sí, con unas vagas advertencias de su presidente, Pedro Sánchez, de la posibilidad de un endurecimiento de las limitaciones de los derechos de reunión y de libre desplazamiento que ya padecen la mayoría de los ciudadanos, que quedan, además, al albur de lo que decida cada Ejecutivo autonómico, por más que la propia naturaleza de las celebraciones navideñas multiplique los viajes de quienes residen, por razones laborales o educativas, principalmente, en una región distinta de la de su núcleo familiar. Por no hablar de las limitaciones de comensales, cuyo disparidad en cuanto al número permitido, a tenor de las distinta propuestas, parece más debida al azar que a una calculada decisión médica. O dicho de otro modo, podemos llegar al dislate de celebrar diecisiete Navidades, cada una bajo diferentes condiciones y normas. Y, sin embargo, como se ha demostrado, la pandemia es sólo una, su incidencia avanza o retrocede territorialmente sin que la epidemiología haya sido capaz de desentrañar el modelo de expansión y nuestras autoridades sanitarias siguen actuando a remolque de las circunstancias, acuciadas ahora, es cierto, por las malas noticias que nos llegan del resto de Europa, donde, al parecer, se han solapado la segunda y la tercera ola de la infección. Ciertamente, sabemos que reclamar un mando centralizado es como predicar en el desierto, pese a que ningún gobierno en la reciente historia de España ha dispuesto de tantos instrumentos legales extraordinarios como ahora. No es sólo la aplicación de un inverosímil estado de alarma de seis meses, sin mayor control parlamentario, es que con esa medida el Ejecutivo de coalición ha dejado al arbitrio de las comunidades decisiones, como el cierre total de la hostelería, de grave incidencia económica y social, pero cuya causa y efecto sobre la mayor o menor incidencia de la pandemia no están en absoluto claros, como ha demostrado la Comunidad de Madrid. No es aceptable, hay que insistir en ello, el trastorno y la tensión a la que se somete a las familias españolas por la indecisión y las vacilaciones de un Gobierno, que mira más a las encuestas que a su obligación. Si hay que suspender las celebraciones de Navidad, la máxima responsabilidad corresponde a Pedro Sánchez y a sus ministros, que deben tomar la decisión, informada, a ser posible.