Cataluña no puede aplazar más elecciones

Sea por la pandemia o por los intereses estratégicos de algunos partidos, Cataluña puede ver cómo se aplazan las elecciones convocadas para el próximo 14 de febrero, lo que prolongaría aún más su inestabilidad política –tampoco los comicios aseguran que cambie el clima político– y la insólita situación de que no haya un presidente, aunque sí uno en funciones. Hace casi un año, el 29 de enero de 2020, Joaquim Torra anunció que convocaría elecciones después de aprobar los presupuestos de la Generalitat, trámite que no se cumplió hasta el 24 abril. Pero volvió a incumplir su palabra y solo tras su cese en septiembre, se empezó a hablar de ir a las urnas, claro que en un escenario político devastado, con una amalgama de partidos independentistas producto de la licuación de Convergencia y una ERC que veía cerca la posibilidad de alcanzar la presidencia. No ha importado la situación económica de Cataluña: es la única comunidad autónoma española cuya deuda es calificada por la grandes agencias de «rating» como «bono basura» y su caída del PIB en el segundo semestre de 2020 fue del 21,3%. Pero es que incluso en este contexto el actual gobierno de la Generalitat –de ERC y JxCat– no quiso elecciones, porque estaban más atentos de su propia batalla interna, que de los asuntos que afecta a los ciudadanos. De ello tampoco se libró el coronavirus. Por lo tanto, es dudoso que estas formaciones actúen con algún sentido de responsabilidad y hagan lo que en Cataluña no se hace desde hace una década: gobernar. Así que el anuncio de aplazar las elecciones no ha sorprendido a nadie. Hoy se decidirá en el Parlament si continúa el calendario o si busca otra nueva fecha, dado el avance del coronavirus. El plan de Puigdemont es aplazarlas para frenar el empuje de ERC, que los sondeos dan como vencedora, mientras éstos también se arriesgarían a posponer la fecha más de allá de junio por si Laura Borràs, de JxCat, es inhabilitada por el Tribunal Supremo por un presunto caso prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental... y de paso desinfla la candidatura estelar de Salvador Illa por el PSC. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, ha pedido que «la suspensión de un trámite electoral de ese calibre no está contemplada en la Ley Electoral General». Así es, sin embargo, los comicios en el País Vasco y Galicia se aplazaron cinco meses por idénticos motivos. De lo que nadie duda es de que en la descompuesta situación política catalana será difícil hacer valer lo que incluso piden los letrados del Parlament siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que ante cualquier suspensión haya garantías, «al margen de cualquier oportunismo político que ponga en duda la legitimidad de los resultados electorales». Cataluña no puede estar al albur de los partidos nacionalistas y, por lo tanto, las elecciones deben celebrarse el 14-F.